LA UNION EUROPEA REFUERZA EL FRONTEX.

La falta de recursos y la descoordinación entre las autoridades nacionales ha limitado el funcionamiento de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex), un organismo que la UE se ha propuesto reforzar para hacer de Europa un ‘espacio de inmigración legal’.

Con este objetivo, la Comisión Europea ha presentado una serie de propuestas destinadas a mejorar su capacidad operativa que ya han sido debatidas y aprobadas por el Parlamento Europeo y por los gobiernos de la UE en el Consejo.

Entre otras, se ha planteado establecer un marco jurídico que garantice el respeto estricto de los derechos fundamentales durante sus operaciones, para lo que se capacitará debidamente a las policías de fronteras.

Asimismo, el compromiso de los Estados miembros se reflejará en la entrega de más equipos y personal, de forma que la agencia pueda codirigir las patrullas de policía de frontera, ofrecer asistencia técnica y desplegar funcionarios de enlace en terceros países. Si bien los países que integran la UE deberán proporcionar equipamiento como barcos y aviones, la idea es que a futuro Frontex sea capaz de adquirir su propio material para funcionar.

La iniciativa también busca delimitar las competencias tanto de la agencia como de los estados miembros, siempre bajo el principio de que cada país es responsable del control de su sector de frontera.

Frontex coordinará las operaciones conjuntas para el retorno de inmigrantes irregulares a sus países de origen respetando unos códigos de conducta que garantice un trato ajustado a derecho de quienes sean expulsados.

La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, ha manifestado su deseo de que tanto el Parlamento como el Consejo actúen con la suficiente rapidez para que esta propuesta se transforme en ley y la UE pueda disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para reactivar el funcionamiento de Frontex.

Con su nacimiento en 2005, el propósito de Frontex es coordinar las operaciones de control de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas de los Estados miembros a través de los agentes policiales de cada país, para lo que cuenta con 220 empleados y un presupuesto anual cercano a los 80 millones de euros.
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