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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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martes, 27 de julio de 2010

EL SVA EL CUERPO QUE MAS DROGA APREHENDIÓ EN GALICIA EN 2009.

La cocaína y el hachís concentraron la mayoría de las aprehensiones de droga realizadas en Galicia en 2009, según la memoria de la Fiscalía, que cifra en 540 las personas detenidas por la Policía Nacional en operativos contra el narcotráfico.

Casi todos los detenidos corresponden a las provincias de A Coruña y Pontevedra, 220, respectivamente en cada una de ellas. Otros 61 fueron en la provincia de Ourense y 39 en la de Lugo. Además, se incautaron 65 vehículos y dinero por importe de casi 700.000 euros.

La mayoría de la droga que se incautó correspondió a los operativos del Servicio de Vigilancia Aduanera. Así, a través de sus unidades de A Coruña y Pontevedra, se interceptaron unos 10.592 kilos de cocaína y otros 2.980 de hachís, en distintos operativos.

Por su parte, la Policía Nacional se incautó de 1.046 kilos de cocaína y 100 kilos de hachís, además de otros 116 kilos de marihuana y unos 18 de heroína. LSD, speed o éxtasis fueron otros de los estufepacientes que se incautaron en las actuaciones policiales contra el tráfico de drogas.

http://www.xornal.com/mobile/artigo/2010/07/26/galicia/cacaina-hachis-drogas-mas-incautadas-galicia/2010072617302200563.html

LOS 1.200 KILOS DE COCAÍNA DEL 'ARIEL IV' ALCANZARÍAN UN VALOR DE 222 MILLONES.

De los proveedores de Colombia a los principales mercados de la droga de Europa, con los clanes gallegos de la droga como transportistas, y "lancheros" que trabajan para la organización internacional que importa la droga. Los 1.200 kilos de cocaína decomisados en el interior del velero Ariel IV, pagados en origen a 30.000 euros el kilo, se iban a transformar en más de 8.000.00 de dosis, generando un negocio superior a los 220 millones de euros. Los cálculos fueron refrendados ayer en Vigo tanto por el comisario jefe del Greco de la Unidad de Droga y Crimen Organizado, Udyco, Ricardo Toro, como por el subdirector de logística del departamento de aduanas de la Agencia Tributaria, Santiago, después de que los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera descargaran en el muelle de trasatlánticos de la ciudad olívica los 50 fardos del alijo de cocaína.

El velero Ariel IV, interceptado el 15 de julio a 600 millas al suroeste de las Islas Azores, tras recorrer 5.000 millas desde su puerto de origen en un país caribeño, llegó al puerto vigués a primeras horas de la mañana de ayer "escoltado" por el buque del Servicio de Vigilancia Aduanera Fullmar. Además de la droga, en el buque de la Agencia Tributaria permanecían detenidos los tres tripulantes del velero. Los dos británicos D.J.B y P.B.C y el holandés R.H.M.D.S, considerados como meros transportistas a comisión, tras acompañar a la comisión judicial a inspeccionar el velero, fueron inmediatamente trasladados a la prisión de A Lama por orden del titular del juzgado de instrucción número siete de Vigo, aunque el trámite inicial le corresponde al juzgado uno de Cambados.

Investigación.

Hace más de un mes que el Greco de Galicia comenzó la investigación "sobre una organización de lancheros de la ría de Arousa que tenía por misión acudir a un punto del Atlántico para recoger la mercancía y trasladarla no a un punto de Galicia sino a un destino de Europa donde iba a ser distribuida en distintos países europeos". De este modo resume Ricardo Todo los primeros pasos de una investigación que permanece abierta, sin que se descarte la posibilidad de que se procedan a realizar detenciones en tierra.

Ricardo Toro insistió en que los transportistas gallegos de la droga "no pretendían introducirla por ningún punto de la costa gallega, ni por ninguna otro punto de la española", ya que estaban a la espera de que se les indicara el puerto final de destino de descarga "para ser alijada y luego distribuida".

El comisario jefe del Greco explica que las lanchas de los narcotraficantes gallegos, fabricadas "ad hoc" y con gran potencia, tienen autonomía suficiente para recorrer hasta 1.000 millas de distancia desde Galicia y por tanto para realizar la misión encomendada de recoger la cocaína en altamar y llevarla al puerto de destino.

Transporte.

El 75% de la cocaína transportada por mar se traslada en contenedores de mercancía ordinaria. Este dato fue revelado ayer por Santiago Astudillo, al indicar que tan sólo en lo que va de año se han decomisado un total de 17 toneladas de la droga en el interior de contenedores en distintos puertos españoles.

DATOS:

Alijo- El valor inicial de los 1.200 kilos de cocaína, asciende a 36 millones de euros.

Pureza- Los expertos determinan que la pureza de la cocaína incautada es del 90% .

Adulteración- Los expertos indican que las tramas de la droga realizan entre 5 y 10 cortes de la droga. Lo habitual es que cada kilo de cocaína se multiplique por siete como resultado de los sucesivos "cortes".

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/1-200-kilos-cocaina-ariel-iv-alcanzarian-un-valor-222-millones/idEdicion-2010-07-27/idNoticia-573437/

lunes, 26 de julio de 2010

MODIFICACIÓN LEY DE CONTRABANDO.

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 12/1995, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REPRESIÓN DEL CONTRABANDO.

Exposición de motivos

I Los cambios políticos, económicos y sociales que se han producido en el mundo en los últimos años del siglo pasado y los primeros del presente han conducido a un replanteamiento del peso específico de cada una de las misiones que corresponden a las Aduanas en el control del comercio exterior. Así, el Reglamento (CE) n.º 450/2008, de 23 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), recoge de forma expresa misiones como la protección frente al comercio desleal o ilegal, o la seguridad y protección de la Unión Europea o sus ciudadanos, o la protección del medio ambiente. Misiones cuya finalidad es la protección de bienes jurídicos distintos del que es propio de la Hacienda Pública: la recaudación tributaria. Además, este último en relación con los derechos de importación, en el marco de nuestro derecho penal, se ha reconducido con la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, a la figura del Delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, otorgando a la Hacienda Pública de la Unión Europea la misma protección que a la nacional, en aplicación del Convenio relativo a la Protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 26 de julio de 1995.

Ambos factores exigen una revisión de la actual Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

Uno de los objetos en los que se manifiesta el bien jurídico relativo a la seguridad y protección de la Unión Europea y sus ciudadanos es el control por parte de las Administraciones del comercio internacional de material de defensa, de productos o tecnología de doble uso o que puedan ser utilizados en la fabricación o utilización de la energía nuclear con fines no pacíficos; de elementos que puedan servir para la obtención de agentes químicos, biológicos o toxinas; y de agentes, materiales y objetos que puedan ser utilizados para la tortura. En estas materias el Reino de España ha ido asumiendo obligaciones derivadas de una serie de compromisos internacionales adquiridos y plasmados en legislación internacional y comunitaria. Además esta legislación se caracteriza por una continua evolución de las directrices comunitarias sobre la materia y de las listas de productos, materiales y tecnologías objeto de control que se aprueban en los distintos foros internacionales de los que es parte el Reino de España. Las nuevas obligaciones y la dinámica en la modificación de su objeto hacen necesaria la actualización de la regulación de este tipo de ilícitos contenida en la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.

La actualización de la Ley de Represión del Contrabando por los motivos indicados ya se contemplaba en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso. Dicha Ley hace mención, en el apartado III de su preámbulo, del carácter punitivo y sancionador que en la materia tiene la Ley Orgánica 12/1995 de Represión de Contrabando, y asimismo señala en su Disposición Final Segunda la obligación por parte del Gobierno de proceder a su actualización para dar cumplimiento a los compromisos internacionales a los que se refiere el preámbulo de la propia Ley 53/2007, dando, además, cumplimiento en el ámbito sancionador al mandato contenido en el artículo 12 de la Posición Común 2008/944/PESC, del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, que define las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.

En consecuencia, la modificación que se lleva a cabo tiene como objetivo adaptar la tipificación del delito que se cometa en el comercio fraudulento de determinadas armas, productos, agentes, materiales o tecnologías a su actual regulación en nuestro Derecho y a los compromisos internacionales asumidos por el Reino de España.

La incorporación a nuestro Derecho penal de los fraudes en materia de ingresos y gastos del presupuesto comunitario como un supuesto de delito contra la Hacienda Pública, efectuada por la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, hace necesario ajustar el cuanto delimitador entre el ilícito penal y administrativo en los supuestos de importación, exportación, comercio y tenencia de mercancías de lícito comercio a la finalidad de esta tipificación, que no es otra que la de evitar la competencia desleal frente al resto de los operadores o usuarios por parte de quien realiza una introducción ilegal de mercancías o productos con estatuto no comunitario en el territorio aduanero comunitario del Reino de España. Competencia desleal que se produce por el efecto inmediato sobre el precio o el beneficio, o sobre ambos, con su comercio o uso, así como por el incumplimiento de las demás obligaciones administrativas en el momento de la importación o en fases posteriores de su comercio o consumo. La misma justificación es aplicable a la exportación llevada a cabo sin presentar la mercancía ante la Aduana. Ahora bien, para que tales efectos se produzcan, el valor de las mercancías con las que se realizan las operaciones tipificadas como contrabando debe ser significativo.

Asimismo, se considera necesario actualizar el cuanto para la delimitación de los ilícitos penal y administrativo en relación con los productos estancados, en especial, respecto a las labores de tabaco. Los nuevos importes mínimos para la delimitación del ilícito penal se fijan en 50.000 euros con carácter general y 30.000 euros respecto al tabaco.

Además, se debe incrementar el importe mínimo para el ilícito penal en relación con aquellos productos que pueden afectar a la seguridad en general, como el material de defensa, los productos y tecnologías de doble uso o que puedan ser utilizados para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, o los precursores de drogas, o cuando afecte al Patrimonio Histórico Español. El importe del valor de los bienes o productos para que el ilícito sea perseguible penalmente se fija en 50.000 euros.

Se mantiene la calificación como ilícito penal de los supuestos de contrabando con determinados bienes, géneros o efectos, con independencia de su valor o cuando tales ilícitos se realizan a través de una organización.

Teniendo en cuenta dichos cambios, cuyo fundamento se encuentra en el tipo de bien jurídico protegido, es necesaria una reestructuración de los supuestos de ilicitud, agrupándolos en función de tales tipos.

El modelo de gestión y control aduanero ha sido objeto de un fuerte cambio con el fin de dar respuesta al proceso de globalización de la economía, asegurando la necesaria agilidad de la tramitación administrativa aduanera en el comercio exterior de mercancías. Los principios que ordenan este nuevo modelo de gestión y control aduanero se incorporan en el derecho aduanero comunitario a través del Reglamento (CE) n.º 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, que modifica el Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario. Así, al fundamentar el control aduanero en el concepto de “riesgo” los elementos declarados por los operadores económicos constituyen un elemento esencial para su correcta ejecución, lo que exige anticipar la realización del ilícito de contrabando a determinados hechos que pudieran entrar hasta la fecha dentro del concepto penal de tentativa, como son los relativos a la pretensión de obtener mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito el levante de las mercancías presentadas a despacho aduanero, aprovechando las facilidades introducidas en el mencionado modelo de gestión y control aduanero y violentando el sistema de gestión del riesgo en el que se fundamenta el modelo actual de control aduanero.

Estos cambios normativos exigen una revisión de la definición de los tipos de infracción administrativa de contrabando para adaptarlos al nuevo cuanto delimitador del ilícito penal y administrativo.

La delimitación entre delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando que se pretende con la modificación de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, exige una equiparación en la tipificación entre la infracción tributaria y la infracción de contrabando.

La importancia de los cambios descritos exige, con respecto al delito, que la Ley prevea que la acción tipificada como contrabando pueda ser realizada con dolo o bien con imprudencia.

Por último, se hace necesario introducir en la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, mejoras técnicas para la delimitación de su objeto, consistentes en la incorporación de nuevos conceptos, la adaptación de las penas a su regulación en el Código Penal, la homogeneización en la ejecución de sentencias con los delitos contra la Hacienda Pública en relación con la responsabilidad civil, la equiparación de la pena accesoria con las previsiones para delitos dolosos en el artículo 127 del Código Penal, la definición explícita del principio de concurrencia de sanciones con idéntica regulación a la de los supuestos tributarios, y la delimitación de los criterios de graduación de las infracciones administrativas de contrabando, teniendo en cuenta el actual modelo de gestión informático del control aduanero.

Para hacer efectivos los cambios anteriormente descritos, se precisa el establecimiento de una obligación para las compañías de transporte con relación a sus viajeros, y resulta igualmente necesario clarificar las obligaciones de los titulares de las instalaciones en las que se ubican los recintos aduaneros, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines de la Aduana y, en especial, los relacionados con la aplicación de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando.

Finalmente, debe hacerse mención expresa del hecho de que el Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), pese a hallarse en vigor, no es actualmente aplicable en su totalidad, por lo que las referencias que al mismo se contienen en la presente Ley Orgánica deberán entenderse efectuadas al Reglamento (CEE) n.º 2913/1992, del Consejo, de 12 de octubre, hasta tanto el Reglamento (CE) n.º 450/2008, sea totalmente aplicable.

II El artículo primero de esta Ley contiene en sus distintos apartados las modificaciones de los preceptos de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, que son objeto de modificación.

En el artículo 1 de la Ley de Represión del Contrabando se modifican o introducen los conceptos necesarios para la delimitación de los ilícitos relacionados con todo tipo de armas y productos que pueden utilizarse para la tortura. Así, se modifica el concepto de “material de defensa” en su número 13, se introducen nuevos conceptos en los números 14 y 16 a 18 y, a estos efectos, se definen “introducción” y “expedición” en los números 7 y 9. En el número 1 del artículo se define el concepto de mercancía, incluyendo los medios de pagos en función de su forma de transporte. Por último, se introduce el concepto de recinto aduanero y de autoridad aduanera a los efectos de aplicación del derecho aduanero en los números 4 y 5, respectivamente.

En el artículo 2 se han reordenado los tipos penales mediante su agrupación en función del bien jurídico protegido y de la gravedad de la conducta en relación con el mismo, introduciendo en su número 5 la imprudencia grave como modo de realización del delito de contrabando y previendo en sus números 6 y 7 la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de las empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes de personalidad jurídica, en línea con las últimas modificaciones del Código Penal.

En el número 1 de este artículo se definen las conductas típicas relacionadas con las mercancías de lícito comercio, excluidas las estancadas o prohibidas cuya regulación se realiza en sus números 2 y 3, y se eleva a 150.000 euros el límite cuantitativo mínimo del ilícito penal, con el fin de ajustar su cuanto al perjuicio social ocasionado en consonancia con el fijado para el delito contra la Hacienda Pública.

Para adecuar los cambios normativos al marco de la misión de seguridad y control a cumplir por la Administración aduanera en el comercio exterior, se agrupan en el número 2 del artículo 2 todas las conductas antijurídicas ligadas a tal misión, salvo las que se derivan de la aplicación de la política comercial, y las que afectan al Patrimonio Histórico Español, a la conservación de la flora y la fauna, al material de defensa y otro material, a los productos y tecnologías de doble uso o que puedan ser utilizados para la aplicación de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y a los precursores de drogas. Considerando que sólo deben ser objeto de pena aquellos casos en los que el daño sea relevante en función del bien jurídico protegido, el límite cuantitativo mínimo del ilícito penal se establece en 50.000 euros. En este mismo número se agrupan las acciones con géneros o efectos estancados y prohibidos, salvo que estos últimos estén incluidos en el número 3 del mismo artículo, ya que el fundamento para su regulación con tal naturaleza no puede estar sólo ligado a la protección de la Hacienda Pública.

En el artículo 2.3 de la Ley de Represión del Contrabando se eleva a 30.000 euros el importe del valor de los géneros de tabaco a efecto de la comisión del delito de contrabando.

Los artículos 3 y 5 se adaptan a la terminología y regulación que el Código Penal vigente realiza de la pena y el comiso.

El artículo 4 se reforma y se incorpora un nuevo artículo 4 bis para definir la responsabilidad civil subsidiaria y regular un sistema para la ejecución de la multa y tal responsabilidad semejante a la prevista para el delito contra la Hacienda Pública.

El artículo 10 se reforma con el fin dar un mismo tratamiento a la valoración de las mercancías de lícito comercio, estableciendo un sistema basado en el valor de venta limitado al precio de compra o al coste de elaboración modulado con el índice de precios.

En el artículo 11 se adecua la tipificación de las infracciones administrativas al cuanto delimitador del delito.

En el artículo 12 se actualizan las cuantías mínimas de la sanción.

En el artículo 12 bis se incorpora un nuevo supuesto de medio fraudulento, la incorrecta o falsa declaración de elementos o datos determinantes para la gestión informatizada del control, adaptando la regulación al actual modelo de gestión informatizada de declaración aduanera.

La redacción del artículo 14 pone en concordancia la normativa sobre infracciones de contrabando con la legislación de prevención del blanqueo de capitales.

Se crea un nuevo artículo 14 bis para regular la relación entre delito de contrabando e infracción administrativa, con los mismos criterios aplicados en la relación entre el delito contra la Hacienda Pública y la infracción tributaria.

El artículo 16, sobre competencia en materia de reconocimiento y registro de los servicios de aduanas, se acomoda al concepto de control aduanero definido en el artículo 25 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado).

Con el fin de hacer efectiva la misión de la Aduana sobre el comercio ilegal y la seguridad y protección, así como la propia aplicación de la presente Ley, se incluye en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando una disposición adicional tercera que regula la obligación de declaración aduanera por parte de los transportistas en relación con los viajeros objeto del transporte.

El artículo segundo de la presente Ley modifica el artículo 58 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, con el fin de asegurar los medios materiales necesarios para la aplicación de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, estableciendo las condiciones para la autorización de los recintos aduaneros.

En las disposiciones finales se establece el título competencial con base en el cual se dicta esta Ley, el carácter de Ley orgánica u ordinaria de sus preceptos y su entrada en vigor.

Artículo primero. Modificación de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

La Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 1. Definiciones.

A los efectos de la presente Ley se entenderá por:

1. “Mercancía”: todo bien corporal susceptible de ser objeto de comercio.

A estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda, y cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago se considerarán como mercancías cuando se oculten bien entre otras mercancías presentadas ante la Aduana o bien en los medios de transporte en los que se encuentren.

2. “Mercancías comunitarias”: las mercancías definidas como tales en el apartado 18 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado).

3. “Mercancías no comunitarias”: las mercancías definidas como tales en el apartado 19 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado).

4. “Recinto aduanero”: todo lugar habilitado por los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda para:

a) La presentación en aduana de las mercancías no comunitarias que hayan sido introducidas en el territorio español.

b) La presentación en aduana de las mercancías comunitarias que hayan sido introducidas en el territorio de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

c) El sometimiento a vigilancia aduanera de las mercancías comunitarias declaradas para el régimen de exportación, de perfeccionamiento pasivo, de tránsito o de depósito aduanero, desde el momento de la admisión de la correspondiente declaración en aduanas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), o de cualquier otra operación prevista en la normativa aduanera comunitaria.

5. “Autoridad aduanera”: el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y los servicios de las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria encargados del control aduanero de conformidad con las normas de organización de la Agencia.

6. “Importación”: la entrada de mercancías no comunitarias en el territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea, así como la entrada de mercancías, cualquiera que sea su procedencia, en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. Se asimila a la importación la entrada de mercancías desde las áreas exentas.

7. “Introducción”: la entrada en el territorio español de mercancías comunitarias procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea.

8. “Exportación”: la salida de mercancías del territorio español. No se considerará exportación la salida de mercancías comunitarias del territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea con destino final al resto de dicho territorio aduanero.

Con respecto a productos y tecnologías de doble uso, el concepto de “exportación” será el definido al efecto en el Reglamento (CE) n.º 428/2009, del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.

9. “Expedición”: la salida de mercancías del territorio español con destino final a otros Estados miembros de la Unión Europea.

10. “Áreas exentas”: las zonas y depósitos francos y los depósitos aduaneros definidos en los artículos 148 y 153 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), así como, en general, cualquier almacén, zona o ubicación en la que se depositen o almacenen mercancías no comunitarias en situación de depósito temporal a la espera de ser declaradas para un régimen aduanero.

11. “Géneros o efectos estancados”: los artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquiera otra actividad concerniente a los mismos sea atribuida por ley al Estado con carácter de monopolio, así como las labores del tabaco y todos aquellos a los que por ley se otorgue dicha condición.

12. “Géneros prohibidos”: todos aquellos cuya importación, exportación, circulación, tenencia, comercio o producción estén prohibidos expresamente por tratado o convenio suscrito por España, por disposición con rango de ley o por reglamento de la Unión Europea. El carácter de prohibido se limitará para cada género a la realización de la actividad o actividades que de modo expreso se determinen en la norma que establezca la prohibición y por el tiempo que la misma señale.

13. “Material de defensa”: los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea.

14. “Productos y tecnologías de doble uso”: los productos y tecnologías sometidos a autorización de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 428/2009, del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso, y en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y en las sucesivas disposiciones legales o reglamentos de la Unión Europea.

15. “Precursores de drogas”: las sustancias y productos susceptibles de ser utilizados en el cultivo, la producción o la fabricación de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas enumeradas en los cuadros I y II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio, o en cualesquiera tratados o convenios internacionales sobre el mismo objeto suscritos por España.

16. “Sustancias químicas tóxicas y sus precursores”:

las sustancias enumeradas en las Listas 1, 2 y 3 de la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, hecha en París el 13 de enero de 1993, definidas al efecto en su artículo II.

17. “Agentes biológicos o toxinas”: los incluidos en el artículo 1 de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, de 10 de abril de 1972.

18. “Productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”: Los incluidos en los anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 1236/2005, del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y los sucesivos reglamentos que lo actualicen.

19. “Mercancías sujetas a medidas de política comercial”: cualquier mercancía distinta de las mencionadas anteriormente para la que, con ocasión de la importación o exportación, se exija el cumplimiento de cualquier requisito de naturaleza no tributaria, como, por ejemplo, autorizaciones, licencias, permisos, homologaciones u obligaciones de etiquetado o circulación, establecidos por normativa nacional o comunitaria.

20. “Deuda aduanera”: la obligación definida como tal en el apartado 13 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado).”

Dos. Se modifica el artículo 2, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 2. Tipificación del delito.

1. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:

a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera.

La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación.

b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.

c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), y sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975.

d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito.

e) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores.

f) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias o géneros estancados o prohibidos en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua.

g) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982.

2. Cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 50.000 euros, los que realicen alguno de los siguientes hechos:

a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de:

- géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.

- especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento (CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.

c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:

1.º La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro material o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace referencia el Capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

2.º El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con productos incluidos en el Anexo III del citado Reglamento, sin la autorización a la que hace referencia el Capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

3.º La normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas sin la autorización a la que se refiere la Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.

d) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), y sus disposiciones de aplicación.

3. Cometen asimismo delito de contrabando quienes realicen alguno de los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo, si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias catalogadas como precursores de drogas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando el contrabando se realice a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.

b) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 30.000 euros.

4. También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000, 50.000 ó 30.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes.

5. Las anteriores conductas serán igualmente punibles cuando se cometan por imprudencia grave.

6. Las personas jurídicas serán penalmente responsables en relación con los delitos tipificados en los apartados anteriores cuando en la acción u omisión en ellos descritas concurran las circunstancias previstas en el artículo 31 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de diciembre, del Código Penal y en las condiciones en él establecidas.

7. Asimismo, cuando el delito se cometa en el seno, en colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes de personalidad jurídica, le será de aplicación lo previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de diciembre, del Código Penal.”

Tres. Se modifica el artículo 3, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 3. Penalidad.

1. Los que cometieren el delito de contrabando serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos.

En los casos previstos en las letras a), b) y e), salvo en esta última para los productos de la letra d), del artículo 2.1 las penas se impondrán en su mitad inferior. En los demás casos previstos en el artículo 2 las penas se impondrán en su mitad superior.

En los casos de comisión imprudente se aplicará la pena inferior en un grado.

2. Se impondrá la pena superior en un grado cuando el delito se cometa por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo.

3. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6, y tras aplicar los criterios establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo, se impondrá la pena siguiente:

a) En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, y prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las Administraciones públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de entre uno y tres años.

b) Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2, suspensión por un plazo de entre seis meses y dos años de las actividades de importación, exportación o comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando;

en los supuestos previstos en el articulo 2.3, clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos.”

Cuatro. Se modifica el artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 4. Responsabilidad civil.

En los procedimientos por delito de contrabando la responsabilidad civil comprenderá la totalidad de la deuda tributaria y aduanera no ingresada, que la Administración Tributaria no haya podido liquidar por prescripción, caducidad o cualquier otra causa legal prevista en la Ley General Tributaria o en la normativa aduanera de la Unión Europea, incluidos sus intereses de demora.”

Cinco. Se introduce un nuevo artículo 4 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 4 bis. Ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil.

Para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los jueces y tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria, que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la Ley General Tributaria.”

Seis. Se modifica el artículo 5, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 5. Comiso.

1. Toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos:

a) Las mercancías que constituyan el objeto del delito.

b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos.

c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en aquél y el Juez o el Tribunal competente estime que dicha pena accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando.

d) Las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.

e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito.

2. Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos señalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del delito.

3. No se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando cuando éstos sean de lícito comercio y sean propiedad o hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe.

4. El Juez o Tribunal deberá ampliar el comiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal. A estos efectos, se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.

5. El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso previsto en los apartados anteriores de este artículo aún cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita.

6. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado. Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o de precursores de las mismas, tipificados en el artículo 2.3 a) de esta Ley Orgánica, en cuyo caso, la enajenación o la determinación de cualquier otro destino de los mismos corresponderá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 a) y c) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa reglamentaria de desarrollo”.

Siete. Se modifica el artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 10. Valoración de los bienes.

La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará conforme a las siguientes reglas:

1. Si se trata de géneros estancados, por el precio máximo de venta al público. De no estar señalado dicho precio, se adoptará la valoración establecida para la clase más similar. Si no fuera posible la asimilación, el juez fijará la valoración previa tasación pericial.

2. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos comprendidos en las letras a) y b) del artículo 2.2 así como para la de los delitos de ilícito comercio, el juez recabará de las Administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios.

3. Cuando los bienes, géneros o efectos sean objeto de importación o exportación y no se encuentren comprendidos en los apartados 1 y 2 anteriores, su valor será el precio medio declarado a las autoridades aduaneras de los productos semejantes clasificados en la subpartida a nivel de ocho dígitos y, en su defecto, a nivel de seis o cuatro dígitos de la nomenclatura prevista el Reglamento (CEE) n.º 2658/1987 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, y en función de su tipo de operación.

4. En el resto de los casos, su precio oficial o, en su defecto, el precio medio de mercado español de bienes semejantes o el valor de venta, siempre que fuese superior al de compra o al coste de producción incrementados, en su caso, con el índice general de precios al consumo desde la fecha de compra o producción, y siempre que entre ese momento y la realización del delito hubiese transcurrido más de un año natural. El índice aplicable será el correspondiente a cada uno de los años naturales.

Se aplicará el valor de compra o el coste de producción con el incremento indicado cuando razonablemente no pueda determinarse el valor de venta.

5. El valor se determinará en relación con la fecha de realización del ilícito o, de no conocerse ésta, en relación con la descubrimiento del ilícito o aprehensión de los bienes, géneros o efectos. A efectos de la determinación del precio medio, se tomará el mes natural anterior a la fecha fijada en el párrafo anterior.”

Ocho. Se modifica el artículo 11, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 11. Tipificación de las infracciones.

1. Incurrirán en infracción administrativa de contrabando las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo las acciones u omisiones tipificadas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente Ley, cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a 150.000 ó 50.000 euros, respectivamente, o a 30.000 euros si se trata de labores de tabaco, y no concurran las circunstancias previstas en los apartados 3 y 4 de dicho artículo.

En el supuesto previsto en el artículo 2.1.c) de esta Ley, se presumirá que las mercancías en tránsito se han destinado al consumo cuando no se presenten las mercancías intactas en la oficina de aduanas de destino o no se hayan respetado las medidas de identificación y control tomadas por las autoridades aduaneras, salvo prueba en contrario 2. Las infracciones administrativas de contrabando se clasifican en leves, graves y muy graves, según el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, conforme a las cuantías siguientes:

Leves: inferior a 37.500 euros; o, si se trata de labores de tabaco o de operaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la presente Ley, inferior a 1.000 euros.

Graves: desde 37.500 euros a 112.500 euros; o, si se trata de labores de tabaco o de operaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la presente Ley, desde 1.000 euros a 12.000 euros.

Muy graves: superior a 112.500 euros; o, si se trata de labores de tabaco o de operaciones comprendidas en el artículo 2.2 de la presente Ley, superior a 12.000 euros.”

Nueve. Se modifica el artículo 12, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 12. Sanciones.

1. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando serán sancionados con multa pecuniaria proporcional al valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2.

Los porcentajes aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidos entre los límites que se indican a continuación:

a) Leves: el 100 y el 150 %, ambos incluidos.

b) Graves: el 150 y el 250 %.

c) Muy graves: el 250 y el 350 %, ambos incluidos.

El importe mínimo de la multa será, en todo caso, de 500 euros.

2. Los responsables de las infracciones administrativas de contrabando relativas a los bienes incluidos en el artículo 2.2 de esta Ley serán sancionados del siguiente modo:

a) Con multa pecuniaria proporcional al valor de las mercancías.

Los porcentajes aplicables a cada clase de infracción estarán comprendidos entre los límites que se indican a continuación:

1.º) Leves: el 200 y el 225 %, ambos incluidos.

2.º) Graves: el 225 y el 275 %.

3.º) Muy graves: el 275 y el 350 %, ambos incluidos.

El importe mínimo de la multa será, en todo caso, de 1.000 euros.

b) Con el cierre de los establecimientos de los que los infractores sean titulares. El cierre podrá ser temporal o, en el caso de infracciones reiteradas, definitivo.

Para cada clase de infracción el cierre temporal tendrá una duración comprendida entre los siguientes límites inferior y superior, respectivamente:

1.º) Leves: cuatro días y tres meses.

2.º) Graves: tres meses y un día, y nueve meses.

3.º) Muy graves: nueve meses y un día, y doce meses.”

Diez. Se modifica el artículo 12 bis, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 12 bis. Graduación de las sanciones.

1. Las sanciones por infracciones administrativas de contrabando se graduarán atendiendo en cada caso concreto a los siguientes criterios:

a) La reiteración. Se apreciará reiteración cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por cualquier infracción administrativa de contrabando en resolución administrativa firme o condenado por delito de contrabando por sentencia judicial firme, en ambos casos, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión de la infracción.

b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de los órganos competentes para el descubrimiento y persecución de las infracciones administrativas de contrabando o de los órganos competentes para la iniciación del procedimiento sancionador por estas infracciones.

c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por medio de persona interpuesta.

Se considerarán principalmente medios fraudulentos a estos efectos los siguientes:

1.º La existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad.

2.º El empleo de facturas, justificantes y otros documentos falsos o falseados.

3.º La utilización de medios, modos o formas que indiquen una planificación del contrabando.

4.º La declaración incorrecta de la clasificación arancelaria o, en el caso de operaciones de importación, de cualquier elemento determinante de la deuda aduanera en la declaración en aduanas que eluda el control informático de la misma.

d) La comisión de la infracción por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión de la infracción.

e) La utilización para la comisión de la infracción de los mecanismos establecidos en la normativa aduanera para la simplificación de formalidades y procedimientos de despacho aduanero.

f) La naturaleza de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando.

2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.

El criterio establecido en la letra f) del apartado anterior operará como circunstancia atenuante en la graduación de la sanción, aplicable cuando los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando sean de lícito comercio y no se trate de géneros prohibidos, material de defensa, otro material o de productos y tecnologías de doble uso a los que se refiere el Capítulo II de la Ley 53/2007;

ni se trate de productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

ni de agentes o toxinas biológicos o de sustancias químicas tóxicas; ni de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español; ni de especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, y en el Reglamento Comunitario correspondiente; ni de labores de tabaco o de mercancías sujetas a medidas de política comercial.

3. Reglamentariamente se determinará la aplicación de cada uno de los criterios de graduación.”

Once. Se modifica el artículo 14, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 14. Medidas complementarias.

1. Se aplicará a las infracciones administrativas de contrabando lo dispuesto en el artículo 5, artículo 6, números 1 y 2, y en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la presente Ley.

2. Antes de iniciado el procedimiento sancionador por infracción administrativa de contrabando, las autoridades, los funcionarios y las fuerzas que, en el ejercicio de sus competencias, tengan conocimiento de conductas o hechos que puedan constituir infracción administrativa de contrabando, procederán a la aprehensión cautelar de los bienes, efectos e instrumentos que, de acuerdo con el artículo 5 de esta Ley, puedan resultar decomisados.

3. El control, inspección e intervención de medios de pago portados por personas físicas, o en sus equipajes o medios de transporte, se regirá por la legislación de prevención del blanqueo de capitales.

El acta de intervención, de la que se dará traslado inmediato al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para la investigación de los hechos consignados, y a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, para la incoación, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador, deberá indicar expresamente si los medios de pago intervenidos fueron hallados en lugar o situación que mostrase una clara intención de ocultarlos.”

Doce. Se introduce un nuevo artículo 14 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 14 bis. Principio de no concurrencia de sanciones.

1. Si los órganos de la administración aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el curso de una procedimiento administrativo, estimasen que una conducta pudiera ser constitutiva de delito de contrabando, pasarán el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirán el expediente al Ministerio Fiscal, y se abstendrán de seguir el procedimiento administrativo, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones, o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.

La sentencia condenatoria impedirá la imposición de sanción por infracción administrativa de contrabando.

De no haberse apreciado en la sentencia la existencia de delito, la administración aduanera continuará sus actuaciones sancionadoras de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados y se reanudará el cómputo del plazo de prescripción en el punto en el que estaba cuando se suspendió. Las actuaciones administrativas realizadas durante el periodo de suspensión se tendrán por inexistentes.

2. Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones administrativas de contrabando son compatibles con la exigencia de la deuda tributaria y aduanera y del interés de demora.”

Trece. Se modifica el artículo 16, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 16. Competencias en materia de reconocimiento y registro de los servicios de aduanas.

1. En el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia, los servicios de aduanas podrán efectuar el reconocimiento y registro de cualquier vehículo o medio de transporte, caravana, paquete o bulto.

2. Los funcionarios adscritos a la Aduana de la que depende un recinto aduanero, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso libre, directo e inmediato a todas las instalaciones del recinto donde pueda tener lugar la vigilancia y control aduanero o fiscal, previa identificación en su caso.”

Catorce. Se modifica la Disposición adicional segunda, que queda redactada del siguiente modo:

“Disposición adicional segunda. Presupuestos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá consignar en sus presupuestos partidas específicamente destinadas a operaciones confidenciales relacionadas con la persecución de los delitos que tenga encomendada.

2. La fiscalización y control de estas partidas se llevará a cabo mediante el procedimiento que establezca la Intervención General de la Administración del Estado, en el que se regulará en todo caso la confidencialidad antes indicada.

Del resultado de la fiscalización y control referidos se dará traslado al Tribunal de Cuentas.”

Quince. Se introduce una Disposición adicional tercera, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional tercera. Información que deben suministrar las compañías de transporte.

1. Con el fin de combatir el trafico ilegal de mercancías y capitales así como para garantizar la seguridad de la cadena logística, las personas físicas o entidades que realicen operaciones de transporte estarán obligadas, en el momento de finalización del embarque y antes de la salida del medio de transporte, a remitir a las autoridades aduaneras españolas la información relativa a los pasajeros que vayan a ser embarcados en países o territorios que no formen parte del Territorio Aduanero Comunitario para ser trasladados, sea por vía aérea, marítima o terrestre, al territorio español, con independencia de que el transporte sea en transito o como destino final.

Lo establecido en esta disposición es también de aplicación a los casos en que el transporte aéreo o marítimo se realice desde Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio español.

Cuando se trate de embarcaciones de recreo, incluidas las de la Lista 6.ª del Registro de Matrícula previsto en el artículo 4 del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo, la información sobre los pasajeros y todas las personas que se encuentren a bordo de las mismas en el momento de arribar, incluidos los tripulantes, a que se refiere esta disposición deberá ser proporcionada, en todo caso, por los capitanes o comodoros de las citadas embarcaciones.

En caso de incumplimiento de esta obligación y sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad que de ello pudiera derivarse, esta información será exigible a los directores o responsables de los puertos, marinas o clubes náuticos a los que dichas embarcaciones arriben.

2. La información será comprensiva del nombre y apellidos de cada pasajero, de su fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte o del documento de viaje que acredite su identidad y tipo del mismo, forma de pago, importe del billete, fecha de compra, puntos o escalas intermedias y medio de contratación.

3. La información obtenida deberá ser eliminada de los archivos y registros por las autoridades aduaneras en un plazo no superior a noventa días, salvo que con anterioridad se hubiese iniciado algún procedimiento de investigación judicial o administrativa sobre determinados viajeros.

4. El incumplimiento de esta obligación de suministro de información será sancionado de conformidad con lo previsto en el Título IV de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en particular, en su artículo 198.”

Artículo segundo. Modificación de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Se modifica el artículo 58 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 58. Recintos aduaneros fiscales y de inspección y expedición de certificados de comercio exterior en los aeropuertos, puertos, zonas y depósitos francos.

1. Los titulares o concesionarios de los aeropuertos, puertos, estaciones de transporte de mercancías por carretera que cuenten con instalaciones dotadas de medios para recibir, almacenar o expedir las mercancías, estaciones de transporte multimodal, puertos secos, estaciones ferroviarias, zonas francas, depósitos francos y depósitos aduaneros públicos facilitarán, a su cargo, locales apropiados y suficientes para prestar en los mismos, en su caso, los servicios aduaneros y fiscales que correspondan, así como los Servicios de Inspección SOIVRE de las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio. Igualmente facilitarán a dichos servicios el acceso a los sistemas de vigilancia y control que tengan establecidos.

2. Cuando el recinto aduanero no esté situado dentro del espacio portuario o aeroportuario, los titulares o concesionarios deberán facilitar, además, las instalaciones necesarias para garantizar que el trabajo de control aduanero o fiscal se realiza de manera satisfactoria.

3. Los tributos y demás gastos inherentes a la propiedad de los inmuebles serán por cuenta de las personas y demás entes obligados a facilitar los locales. Los gastos en bienes, servicios y suministros necesarios para la prestación de los servicios habrán de ser atendidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4. Las personas y entidades obligadas a facilitar los locales podrán reclamar el importe de los consumos realizados en los referidos recintos en aquellos casos en que no existan equipos que permitan la medición separada de tales consumos, o cuando no permitan el pago directo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por los citados Servicios de Inspección SOIVRE a las compañías suministradoras.”

Disposición transitoria única. Normativa de aplicación.

Las referencias que en esta Ley Orgánica se realizan al Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) se entenderán efectuadas al Reglamento (CEE) n.º 2913/92, del Consejo, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, hasta tanto el Reglamento (CE) n.º 450/2008 no sea totalmente aplicable.

Disposición final primera. Carácter de la Ley.

1. Los artículos de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, modifica- dos por el artículo primero de la presente Ley tienen el carácter de Ley orgánica o Ley ordinaria según lo establecido en la Disposición final segunda de dicha Ley Orgánica.

2. La Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, que se añade por el apartado quince del artículo primero de la presente Ley, tiene el carácter de Ley orgánica.

3. El artículo segundo de la presente Ley tiene el carácter de Ley ordinaria.

Disposición final segunda. Título competencial.

La presente Ley Orgánica se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de régimen aduanero y arancelario y de comercio exterior del artículo 149.1.10.ª de la Constitución Española. Se exceptúan de lo anterior la modificación de los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, que se ampara en la competencia para dictar la legislación penal atribuida al Estado por el artículo 149.1.6.ª de la Constitución;

la modificación del artículo 4, que se ampara en la competencia para dictar la legislación civil atribuida al Estado por el artículo 149.1.8.ª de la Constitución;

y la modificación relativa a los artículos 4 bis y 10, que se ampara en la competencia para dictar la legislación procesal, atribuida al Estado por el artículo 149.1.6.ª de la Constitución.

Disposición final tercera. Habilitación normativa.

1. Mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se podrán determinar las rutas o trayectos respecto a los cuales no será necesario remitir a las autoridades aduaneras españolas con la antelación suficiente la información prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, introducida por el apartado quince del artículo primero de la presente Ley.

La mencionada Orden establecerá la forma de presentación, que en todo caso deberá realizarse por vía electrónica, y el momento en que deberá ser suministrada la información.

2. Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se determinarán los requisitos que deben reunir los recintos aduaneros para adquirir tal condición y el plazo en el cual los titulares de los recintos aduaneros existentes en la actualidad deben cumplir dichos requisitos.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo lo dispuesto en el apartado quince del artículo primero y en el artículo segundo, que entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1043777

viernes, 23 de julio de 2010

ADUANA ESPAÑOLA ENTRE LAS MÁS EFECTIVAS.

España se encuentra entre los países de la Unión Europea que detecta más casos de artículos falsificados en las aduanas, junto con Alemania, Italia, Hungría y Bélgica. China sigue siendo el principal país de origen de las falsificaciones, especialmente cigarrillos, productos de belleza, ropa, móviles y CDs y DVDs, según el informe anual de la Comisión Europea publicado hoy, en el que se alerta de que aumenta la compra de productos piratas a través de internet.

En 2009, las aduanas españolas intervinieron en 3.084 casos, un 9,1% menos que el año anterior. El Ejecutivo comunitario atribuye este descenso, el primero en los últimos años que se repitió también en el conjunto de la UE, a la crisis económica.

En estas operaciones se incautaron de 4,3 millones de artículos, frente a 26,5 millones en 2008. La gran diferencia en el número de productos no permite extraer muchas conclusiones, según Bruselas, ya que en una misma operación pueden interceptarse varios contenedores de cigarrillos, que disparan la cifra, o cantidades muy inferiores de otros productos.

En el conjunto de la UE, el año pasado las aduanas intervinieron en 43.500 casos y detuvieron 118 millones de artículos que infringían los derechos de propiedad intelectual, frente a 49.000 casos y 178 millones de artículos en 2008. Seis Estados miembros aparecen entre los 10 primeros de la clasificación tanto en casos como en artículos.

Además de España, se trata de Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Según el informe, si, hasta ahora, las infracciones se centraban primordialmente en los artículos de lujo, actualmente afectan cada vez más a productos de uso corriente de los ciudadanos.

De los principales productos interceptados, los cigarrillos constituyen un 19 %, otras labores del tabaco el 16 %, los productos de marca el 13 % y los medicamentos el 10%. China ha seguido siendo la principal fuente de productos que vulneran los derechos de propiedad intelectual, sumando el 64 % del total. "China representa el principal desafío en todo el mundo para las autoridades que luchan contra las falsificaciones", explicó un alto funcionario del Ejecutivo comunitario.

Bruselas cree que la mejor manera de afrontar este problema es mediante la cooperación, y para ello se firmó en 2009 un plan de acción con las autoridades del gigante asiático.

Otros países se especializan en ciertas categorías de productos falsificados, como los Emiratos Árabes Unidos (medicamentos), Egipto (juguetes) o Turquía (comida y bebidas). Más del 77 % de todos los productos interceptados fueron destruidos o dieron lugar a una acción judicial para determinar la infracción. Entre las nuevas tendencias que detecta el informe destaca el aumento de la compra de productos falsificados, como artículos de maquillaje o zapatillas de marca, a través de Internet.

De ahí que el correo sea el único modo de transporte de artículos pirata que crece pese a la crisis. "Los indicios de que la venta de productos falsificados a través de Internet aumenta plantea serias cuestiones sobre la conciencia de los consumidores sobre este problema", destacó la Comisión. "Los productos falsos pueden conllevar graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores y suponen una estafa para las empresas legítimas.

La Comisión y los Estados miembros seguirán colaborando con la industria y los socios comerciales internacionales para velar por que los derechos de propiedad intelectual gocen de la máxima protección en la UE*, aseguró el comisario responsable de Lucha contra el Fraude, Algirdas *emeta.

http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53968773485&ID_PAGINA=22088&ID_FORMATO=9

lunes, 19 de julio de 2010

SVA Y MOSSOS DESARTICULAN UNA RED QUE HABRÍA INTRODUCIDO 350 KILOS DE COCAÍNA.

Agentes de los Mossos d'Esquadra y efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Cataluña han detenido 18 personas por su presunta participación en un delito de tráfico de drogas. Los agentes las relacionan con la introducción de 350 kilos de cocaína en Cataluña, ocultada en 692 motores eléctricos enviados entre el abril del 2008 y el septiembre del 2009. La mercancía procedía de Panamá y llegaba en Barcelona haciendo escalera en Hamburgo (Alemania).

En el marco de una instrucción tutelada por el juzgado número 27 de Barcelona, efectivos de los Mossos d'Esquadra y del Servicio de Vigilancia Aduanera han resuelto una compleja investigación que se inició el 1 de septiembre del 2009 a partir de una actuación policial, coordinada entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, que se saldó con la interceptación de un camión a Barcelona cargado con 80 kilos de cocaína ocultada en 162 motores eléctricos, y la detención de 3 personas. El vehículo había sido robado minutos antes a punta de pistola en la localidad de Rubí (Vallès Occidental).

Las primeras indagaciones de los agentes permitieron concluir que en estos hechos habrían participado dos grupos delictivos organizados: uno que habría asaltado el camión con los 80 kilos de cocaína y un segundo que habría realizado el envío de los motores con la droga desde Panamá hasta el puerto de Barcelona por trasladarlos al municipio de Rubí. La investigación policial se ha desarrollado en dos fases. La primera culminó el 24 de mayo con la desarticulación del grupo de atracadores, compuesto, presumiblemente, por 8 personas (2 de los presuntos integrantes detenidos el 1 de septiembre, el mismo día de la sustracción y recuperación del camión con 80 kilos de cocaína; 4 arrestados el 24 de mayo después de 5 entradas y cacheos en diversos inmuebles de Sabadell (Vallès Occidental) y 2 que habrían huido el mismo día de la frustración del robo del camión).

La segunda fase de la investigación finalizó el 8 de julio con la entrada y cacheo en 6 viviendas a las localidades de Mataró (Maresme) y el Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat). La Actuación policial se saldó con 9 detenidos, supuestamente integrantes del grupo de narcotraficantes investigado. Ésta organización habría participado en 8 envíos de cocaína ocultada en motores eléctricos. Fruto de estas entradas y registros, se ha desmantelado un laboratorio de cocaína, desde donde se preparaba la sustancia para su venta al por mayor. El total de detenidos en esta investigación es de 18, 7 de los que han ingresado a cárcel provisional.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones una vez se haya analizado el material informático intervenido.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Mossos/desarticulan/red/habria/introducido/350/kilos/cocaina/elpepuesp/20100719elpepunac_4/Tes

LOS GEO ASALTAN UN VELERO CON 1.200 KILOS DE COCAÍNA.

EFE Agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional (GEO) han asaltado en pleno Atlántico, a la altura de las islas Azores, un velero cargado con 1.200 kilos de cocaína que tenía como destino las costas gallegas, han informado a Efe fuentes de la investigación.

La operación, desarrollada de forma conjunta por el Grupo Especial de Respuesta al Crimen Organizado (GRECO) de Galicia y el Servicio de Vigilancia Aduanera, se ha llevado a cabo tras detectarse que uno de los clanes del narcotráfico de la ría de Arousa planeaba introducir un importante alijo de droga en España.

En el curso de la investigación se averiguó la presencia de un velero en las inmediaciones de las islas Azores, encargado de trasladar la cocaína hasta Galicia.

En el asalto al barco de bandera brasileña, los agentes del GEO han detenido a tres ciudadanos británicos que se encontraban a bordo de la embarcación de pequeño tamaño y que eran los encargados de llevar la droga hasta España.

Se sospecha que el alijo había llegado hasta las Azores en otro barco nodriza de mayores dimensiones, y que después se había trasvasado hasta el velero para intentar eludir la fuerte vigilancia en las costas españolas.

La operación policial continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones entre los grupos de narcotraficantes gallegos que estaban esperando la llegada del alijo de cocaína para su posterior distribución y venta.

El velero asaltado está siendo ahora remolcado hasta un puerto de las islas Canarias adonde llegará a lo largo de la próxima semana.

http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/07/17/asaltan-velero-1200-kilos-cocaina/456826.html

DETENIDAS 14 PERSONAS QUE CAMUFLABAN COCAÍNA EN TABLEROS DE AJEDREZ Y CUENTOS INFANTILES.

Agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera han intervenido más de 4 kilos de cocaína camuflados en tableros de ajedrez y cuentos infantiles, y han detenido a 14 personas, integrantes de una banda, acusados de tráfico de drogas, contrabando y asociación ilícita, según han informado fuentes del Instituto Armado en un comunicado.

De este modo, las investigaciones previas pusieron al descubierto la existencia de una organización criminal que pretendía introducir importantes cantidades de cocaína en España por vía aérea. Para ello, utilizarían como cobertura el envío de mercancías legales entre las que ocultarían la carga ilícita.

Los especialistas de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil detectaron que el grupo había realizado recientemente un primer envío a la localidad de Las Torres de Cotillas. En esta ocasión, el cargamento se encontraba oculto en el interior de tableros de ajedrez se detectado por los agentes.

Sin embargo el operativo conjunto detectó dos nuevas introducciones una con destino la localidad Cartagena y otra en la localidad de Elda (Alicante), directamente relacionadas entre si, que contenía más droga que también ha sido intervenida. Además, los agentes localizaron en los registros domiciliarios realizados más cantidad de sustancias estupefacientes.

Así, una vez que se dispuso de todos los datos operativos, se estableció un dispositivo conjunto que permitió paralizar e intervenir la droga en Murcia y Alicante. Los 4 kilos de cocaína se encontraban ocultos en tableros de ajedrez y cuentos infantiles.

En la fase de explotación se procedió a la detención de seis personas en la localidad de Cartagena y uno en Alguazas, dos en Las Torres de Cotillas y dos en la localidad de Elda, que eran los responsables de controlar el tránsito de la mercancía y la infraestructura en la Región de Murcia.

De forma paralela se procedió al registro de un locutorio en la localidad de Las Torres de Cotillas y de dos domicilios en la localidad de Cartagena, donde los detenidos iban a trasladar los envíos. Allí fueron detenidas tres personas más, pertenecientes a la organización, y otras dos personas relacionadas con los anteriores, que eran receptores de parte de la mercancía en la localidad de Elda (Alicante).

Y es que, según se supo, el origen de la mercancía estaba en Uruguay y Argentina y el destino final de la pasta de cocaína era un laboratorio casero donde seria tratada, mezclada y cortada, para su posterior distribución en dosis y comercialización al menudeo.

Hasta el momento, en la fase de explotación de la operación han sido detenidas 14 personas integrantes de la red delictiva, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, contrabando y asociación ilícita, de ellos dos son españoles, seis colombianos, dos bolivianos, un marroquí, un nigeriano y dos ecuatorianos.

Las personas detenidas y la droga aprehendida han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de Cartagena y Juzgado de Instrucción número Dos de Molina de Segura, que han ejercido la dirección judicial. Con esta actuación se ha logrado abortar y neutralizar un nuevo punto de distribución de cocaína en la Región de Murcia y por ello evitar su nocivo consumo entre la población.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/17/valencia/1279382325.html

OCHO DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN ANTIDROGA EN GRANADA Y MOTRIL.

Una operación antidroga llevada a cabo este viernes por miembros del miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera de Motril (SVA) y de la Brigada de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía de Granada se ha saldado, de momento, con ocho detenidos.

Según han informado fuentes judiciales, la actuación, en la que también han participado operativos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) granadina, se inició a las ocho de la mañana de forma simultánea con la entrada de los agentes en distintos domicilios de Motril, donde se han detenido a ocho personas, y en Granada capital, donde se hicieron varios registros sin arrestos.

Además, los agentes han incautado más de doscientos gramos de cocaína, quinientos de marihuana así como una cantidad indeterminada de pastillas de éxtasis y de hachís.

También se ha localizado un local que supuestamente se dedicaba a la transformación de la cocaína para comercializarla posteriormente, en el que encontraron cerca de dos kilogramos de sustancia de corte y varias batidoras.

La operación, en la que se han requisado varias armas de fuego y cerca de 10.000 euros en efectivo, se inició hace varios meses cuando tanto el Cuerpo Nacional de Policía como el SVA iniciaron investigaciones para localizar el punto de transformación de cocaína que había en Motril, por lo que comenzaron un seguimiento a varios de los ahora detenidos.

Los ocho detenidos, entre los que se encuentra una mujer, son de nacionalidad española y residían en distintos puntos de Motril, mientras que actualmente están en dependencias de la comisaría de Policía en la localidad costera.

Todos ellos pasarán a disposición del juzgado de guardia, previsiblemente mañana, para que el juez determine la situación en la que quedarán. La operación continúa abierta, por lo que no se descarta que produzcan nuevas detenciones.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/16/andalucia/1279301057.html

viernes, 16 de julio de 2010

DETENIDAS CUATRO PERSONAS E INTERVENIDOS 2,6 KILOS DE COCAÍNA OCULTA EN OBJETOS EN MURCIA.

MURCIA.- Fruto de la colaboración y de la coordinación entre Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil de Murcia, han desarrollado conjuntamente las denominadas operaciones “ATALALLA”, “BOLIVAR” y “CAMARILLAS”, llevadas a cabo en la Región de Murcia en los últimos meses, en las que han sido detenidas un total de 4 personas como presuntos autores de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA aprehendiendo importantes cantidades de cocaína de gran pureza procedente de Sudamérica.

Las operaciones se iniciaron al tener conocimiento tanto los agentes Vigilancia Aduanera como los agentes de la Guardia Civil de Murcia de la existencia de varias personas dedicadas a la introducción de importantes cantidades de cocaína procedente de países sudamericanos transportando la sustancia oculta en diversos objetos para evitar ser detectados.

Por tales motivos, los agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera establecieron varios dispositivos de vigilancia y control, con el objetivo de identificar a los responsables y proceder a su detención.

Fruto de este trabajo durante los últimos meses, se ha conseguido detener a varias personas dedicadas al narcotráfico, procediendo a la detención de 4 personas y a la aprehensión de 2,6 kilos de cocaína de gran pureza oculta en objetos variados como cafeteras, cajas de rotuladores y recipientes de plástico mezcladas con otras sustancias.

El destino final de la pasta de cocaína aprehendida, que es de gran pureza, eran los laboratorios caseros donde sería tratada, mezclada y cortada, para su posterior distribución en dosis y comercialización al menudeo en la Región de Murcia y provincias limítrofes.

OPERACIONES, DETENIDOS Y SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

Operación ATALALLA.

Durante los pasados meses se ha llevado a cabo la detención de una persona identificada como G.O.M. español de 46 años de edad y residente en Cieza como presunto autor de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

Se ha aprehendido 400 gramos de cocaína procedente de Colombia que iba oculta en el interior de un doble fondo practicado en una cafetera de grandes dimensiones.

Operación BOLIVAR.

La operación Bolívar ha culminado con la fase de explotación de esta operación, llevándose a cabo un amplio dispositivo policial, procediendo a la detención en Caravaca de la Cruz de dos personas identificadas como E.R.C.B.; ecuatoriana de 22 años de dad y J.F.L.C.; colombiano de 23 años de edad como presuntos autores de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

Se ha aprehendido un total 400 gramos de cocaína procedente de Argentina que iba oculta en el interior de cajas de rotuladores.

Operación CAMARILLAS.

Durante los pasados meses se ha desarrollado la operación Camarillas que ha culminado con la fase de explotación de esta operación, procediendo a la detención en Murcia de una persona de nacionalidad colombiana identificadas como D.F.V.G; de 28años de edad como presunto autor de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

Se ha aprehendido un total de 1.800 gramos de cocaína procedente de Colombia que iba oculta en el interior de botes de plástico mezclada con productos naturistas.

Las personas detenidas, diligencias instruidas, la droga aprehendida y efectos intervenidos han sido puestos a disposición de los Juzgados De Instrucción competentes que han ejercido la dirección judicial de estas operaciones.

Con estas actuaciones se ha logrado abortar y neutralizar varios puntos de introducción de cocaína en la Región de Murcia y por ello evitar su nocivo consumo entre la población.

http://www.teleprensa.es/murcia-noticia-234363-Detenidas-cuatro-personas-e-intervenidos-22C6-kilos-de-coca26iacute3Bna-oculta-en-objetos-en-Murcia.html

ADUANAS ASALTA UN YATE CARGADO CON 3,6 TONELADAS DE HACHÍS.

La Agencia Tributaria ha realizado una importante operación contra el tráfico de drogas frente a las costas de Cabo de Palos (Cartagena), que se ha saldado con la aprehensión de 3.600 kilogramos de hachís , cuyo valor en el mercado ilícito sobrepasaría los cinco millones de euros, así como con la detención de los dos tripulantes de un yate.

La operación se llevó a cabo el pasado martes, sobre las 17.00 horas, cuando medios aeronavales del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), detectaron un yate de bandera española, de 22 metros de eslora. Este barco venía siendo controlado por los agentes de Aduanas al tener sospechas de su aparente uso para operaciones de narcotráfico.
Así, sobre las 21.30 horas, el yate fue interceptado a 24 millas al sureste de Cabo de Palos por la dotación del patrullero de Vigilancia Aduanera 'HJ-I', con base en Cartagena, según informó ayer la Agencia Tributaria.

Una vez abordada la embarcación, los aduaneros procedieron a su registro y encontraron en la bañera del barco yen el resto de dependencias un total de 120 bultos recubiertos de arpillera, de los que se usan habitualmente para el tráfico de hachís, que arrojaban un peso total de 3.600 kilos.

Por esta razón se procedió a intervenir la embarcación, así como al arresto de sus dos tripulantes, que fueron trasladados en la madrugada del pasado miércoles hasta el Puerto de Cartagena para pasar a disposición del Juzgado de instrucción que estaba en funciones de guardia de Cartagena.

Esta operación es un ejemplo de intervenciones realizadas en alta mar como consecuencia no de registros aleatorios, sino de investigaciones que se vienen desarrollando desde hace tiempo contra redes de narcotraficantes.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20100716/region/aduanas-asalta-yate-cargado-20100716.html

jueves, 15 de julio de 2010

EL PUERTO DE VALENCIA SERÁ "ANTITRÁFICO NUCLEAR" A PARTIR DE SEPTIEMBRE.

España será el primer país de la Unión Europea que contará con tres puertos, entre ellos el de Valencia a partir de septiembre, dotados de herramientas de seguridad para prevenir el tráfico ilícito de material nuclear y radiactivo.

Así se desprende del acuerdo bilateral entre EE.UU y España, denominado "entendimiento para la prevención y el tráfico ilícito de material nuclear y radiactivo", que ha sido renovado este miércoles con las firmas del embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomont, y el director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de España, Nicolás Bonilla.

Desde 2004, el puerto de Algeciras cuenta con equipos especializados para revisar los contenedores, gracias a la firma de un tratado entre los gobiernos de España y Estados Unidos con el fin de combatir el contrabando de este tipo de materiales.

A partir de septiembre, el puerto de Valencia contará con este tipo de herramientas y en marzo de 2011 se unirá el puerto de Barcelona.

El convenio forma parte de la "Iniciativa Megaports", un proyecto estadounidense que busca brindar seguridad en las instalaciones portuarias para evitar el traslado ilegal de material nuclear y radiactivo.

Salomont explicó que el departamento de Energía de su país ya ha instalado sistemas de seguridad en 30 puertos en todo el mundo.

"Hemos contado con el firme apoyo de España para implementar herramientas que otorguen más seguridad a los ciudadanos y que impidan el tráfico de material nuclear para fines terroristas. Desde que tenemos el programa Megaports se ha evitado una docena de hechos peligrosos" en todo el mundo, dijo el diplomático, que no quiso aportar mas detalles.

Bonilla, por su parte, indicó que se están entrenando los funcionarios españoles que se dedicarán a la seguridad en materia nuclear en los puertos y que se encargarían de revisar contenedores.

Según Bonilla, desde que se firmó el memorando en el año 2004 y se inició en Algeciras no se han capturado terroristas. Sin embargo, sí ha habido tráfico irregular de material nuclear, fundamentalmente en cargamentos de chatarra que ha estado en contacto con alguna fuente radiactiva industrial o sanitaria.

"Se trata de chatarra importada, pero los empresarios españoles que la compran lo hacen de buena fe y no tienen conocimiento de que el contenido es ilícito", comentó el funcionario.

El programa de seguridad portuaria Megaports funciona en Bahamas, Bélgica, Colombia, República Dominicana,Grecia, Israel,Jamaica, Malasia, México,Holanda, Panamá, Filipinas, Portugal, Sri Lanka Taiwán y Tailandia.

También está en fase de implementación en Argentina, Bangladesh, Camboya, China, Egipto, Japón, Jordania, Líbano, Malasia y Dubai.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/14/valencia/1279139507.html

miércoles, 14 de julio de 2010

OPERACION SVA-CNP "HACHIS, SARDINAS Y MOVILES"

La droga, oculta en cajas de pescado. El dinero, lavado gracias a una empresa de telefonía móvil. La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido en las últimas semanas a seis presuntos integrantes de una banda de narcotraficantes cuando intentaban introducir en España 11.100 kilos de hachís. El alijo fue interceptado el 2 de julio en el puerto de Algeciras (Cádiz), oculto en cajas de sardinas congeladas.

La operación se inició hace tres años, cuando agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Cartagena detectaron en la Región de Murcia las actividades sospechosas de varios de los ahora detenidos, todos con antecedentes por tráfico de estupefacientes.

La investigación se intensificó a mediados de 2009, cuando, a través de los órganos de coordinación de la policía, se supo que esas mismas personas eran vigiladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), con sede en Madrid. Meses después, una tercera investigación, en este caso de la Agencia Tributaria, se unió a las pesquisas.

Nació entonces la operación Zero, cuyo nombre hace referencia a la empresa de telefonía ZeroMóvil España S.L., creada presuntamente por el jefe de la banda, Antonio Z. I., a nombre de su mujer, Antonia R. C. también detenida, para blanquear dinero. La policía sospecha que, a través de la telefonía, la banda ha blanqueado 1.500.000 euros procedentes del tráfico de drogas.

Otras tres empresas:

Esta no era, sin embargo, la única compañía creada por la red. En 2006, los delincuentes habían constituido, también a nombre de Antonia, Ruzorange S.L., cuyo objeto social eran las telecomunicaciones y la importación de productos agrícolas. El entramado lo completaban dos empresas de transporte: Hismola 2008 Investments S.L. e Investments and International Spanish Trade S.L.

Con esta pantalla, los narcos intentaron introducir en España un cargamento de 12.300kilos de hachís el pasado marzo. Sin embargo, el camión que lo transportaba fue interceptado por la policía marroquí en Tánger. Después, intentaron colar el alijo oculto entre sardinas que fue incautado en Algeciras el 2 de julio.

Al día siguiente, en esta ciudad andaluza fueron detenidos entonces el jefe de la banda, Francisco Ginés I. G., y su socio en varias de las empresas, José Luis G. V. Ese mismo día, caían en Cartagena la mujer del primero y Francisco Z. I., hermano de Antonio. Hoy, era arrestado en esta ciudad el sexto integrante del grupo. La policía ha bloqueado hasta ahora 38 cuentas bancarias y siete inmuebles valorados en 860.000 euros, ocho vehículos de alta gama, la cabina tractora de un camión y 240.000 euros en efectivo.

http://www.publico.es/espana/327693/hachis/sardinas/moviles/banda/toneladas/droga/oculta/pescado/narcos

lunes, 12 de julio de 2010

SVA Y POLICIA NACIONAL INCAUTAN 11 TONELADAS DE HACHIS.

La Policía Nacional ha cerrado esta semana una operación antidroga que se ha saldado con la intervención en el puerto de Algeciras de 11,1 toneladas de resina de hachís, y con la detención de cinco personas como presuntos autores del contrabando del citado cargamento.

En el marco del mismo dispositivo, que ha sido denominado por la Policía como Operación Cero, se ha intervenido también la cantidad de 12,3 toneladas de hachís en Casablanca (Marruecos), cuando la droga llevaba como destino Cádiz, y en el marco de la misma actuación contra una presunta red de narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

Las actuaciones se llevaron a cabo el pasado lunes, como resultado de una amplia investigación llevada a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena, en Murcia, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría General de Policía Judicial y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).

En el desarrollo de las operaciones, se intervinieron también 240.000 euros, 38 cuentas bancarias bloqueadas, siete inmuebles embargados y valorados en 860.000 euros, ocho vehículos de alta gama, una cabeza tractora y abundante material informático.

La investigación fue iniciada en abril de 2009 por la UDEV, cuando descubrieron cuentas bancarias dedicadas a la importación de mercancías por carretera y a la telefonía móvil en manos de empresarios, la mayoría de ellos murcianos, que contaban con antecedentes por narcotráfico.

Las empresas estaban destinadas a blanquear dinero obtenido con los negocios ilícitos que llevaban bajo la apariencia de actividades legales.

Los detenidos son cinco vecinos de las localidades de Torre Pacheco, Cartagena y Murcia, a los cuales se les llevaba investigando durante más de un año, tras la pista de los presuntos negocios ilícitos, y bajo la sospecha de que entrañaran un negocio oculto de contrabando de hachís en el Estrecho de Gibraltar.

Aprehensión
La operación ha supuesto una larga espera por parte de los investigadores para poder localizar a los presuntos narcotraficantes con las manos en la masa, unas pesquisas que dieron sus frutos el pasado lunes cuando, siguiendo la pista de los empresarios murcianos, se les interceptó con un cargamento de 11.000 kilos de hachís en el puerto de Algeciras.

Para la ejecución del dispositivo, los investigadores contaron con la colaboración de la Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras, que ha trabajado de forma conjunto con los encargados de la operación en Murcia para poder llevar a la práctica las detenciones y la intervención de la droga.

El cargamento entre el que iba oculto el alijo de drogas era de sardinas congeladas, una mercancía declarada legal y con un fuerte olor con el que se pretendía disuadir los controles policiales en la aduana del puerto algecireño.

Sin embargo, la investigación sobre la actividad de estos empresarios había llevado a los agentes sobre la pista de este cargamento, lo que acabó desencadenando la operación policial.

Las pesquisas policiales habían contado antes de esta aprehensión con otra actuación que les había llevado, de forma encadenada, al cargamento de sardinas congeladas en el puerto algecireño. Y es que, días antes, los agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera habían llevado su investigación hasta el puerto de Casablanca, en Marruecos, donde habían intervenido doce toneladas de hachís cuando iba a ser trasladado a Cádiz, supuestamente por parte de la misma red de delincuentes.

Las detenciones se realizaron de forma simultánea a los registros en los domicilios de los sospechosos, donde se localizó documentación y material presuntamente delictivo. Antonio Z.I., de 39 años, y su hermano Francisco Z.I., de 38, ambos naturales de Torre Pacheco, fueron detenidos en Algeciras por su presunta relación con el alijo escondido entre sardinas.

Antonia R.C., de 39 años, y Francisco Ginés I.G., de 40 años, fueron localizados en Cartagena; y José Luis G.V., de 50 años fue detenido en Murcia. Este último y Antonia R.C. están imputados en un delito de blanqueo de capitales, por haber auxiliado supuestamente a los otros tres integrantes de la red a lavar los fondos ilícitos obtenidos del narcotráfico.

Los cinco sospechosos fueron conducidos a dependencias policiales e interrogados hasta que el pasado jueves fueron puestos a disposición del juzgado de guardia. El juez sólo ordenó el ingreso en prisión de los dos hermanos de Torre Pacheco, que permanecen en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras.

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?i=17&a=131746&f=0

SVA Y GUARDIA CIVIL INTERCEPTAN 111 KILOS DE COCAINA EN TARRAGONA.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han incautado 111,5 kilogramos de cocaína en el Puerto de Tarragona, mercancía que estaba guardada en tres mochilas que viajaban en un contenedor a bordo de un buque procedente de Cartagena (Colombia).

En un comunicado, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil (ODAIFI) del puerto, procedieron el 1 de julio a seleccionar cuatro contenedores del buque 'Calapalma', que habían sido descargados en el Puerto de Tarragona, aunque su destino final era el puerto de Valencia.

Sin embargo, con ayuda de un perro detector de drogas, comprobaron que en uno de los contenedores, además de la mercancía declarada, habían tres mochilas, con tabletas de una sustancia que, posteriormente, comprobaron que era cocaína. Las diligencias del caso ya han sido entregadas al juzgado de guardia de Tarragona.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-incautados-puerto-tarragona-111-kilos-cocaina-buque-colombia-20100709164928.html

CINCO DETENIDOS POR SVA Y POLICIA NACIONAL EN MURCIA

Un grupo de empresarios dedicados a la exportación e importación de mercancías por carretera, algunos de ellos con antecedentes por narcotráfico, y que movían importantes cantidades de dinero entre cuentas bancarias abiertas a nombre de diversas sociedades, constituían un objetivo demasiado apetecible para los agentes especializados en la represión del blanqueo de dinero y del tráfico de drogas. Demasiado apetecible como para no intentar hincarles el diente. Que es lo que finalmente han acabado haciendo.

Cinco vecinos de Torre Pacheco, Cartagena y Murcia han sido detenidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), organismo dependiente de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), como sospechosos de supuestos delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. Fuentes próximas a la investigación han confirmado que los arrestos se produjeron esta semana, en concreto el pasado día 5, lunes, después de que los agentes que seguían los pasos de esta organización desde hace más de un año detectaran la llegada de un contenedor cargado de hachís al puerto de Algeciras (Cádiz).

Droga con olor a sardinas

El cargamento entre el que iba oculto el alijo de drogas -alrededor de 11.000 kilos de resina de hachís- era de sardinas congeladas. Fue el hecho que acabó desencadenando la operación policial, pues no en vano ya anteriormente habían sido intervenidas otras doce toneladas de hachís en el puerto de Casablanca (Marruecos), cuando iba a ser trasladado a Cádiz, supuestamente por parte de la misma red de delincuentes.

Las detenciones se realizaron de forma casi simultánea: Antonio Z.I., de 39 años, y su hermano Francisco Z.I., de 38, ambos bnaturales de Torre Pacheco, fueron detenidos en Algeciras por su presunta relación con el alijo escondido entre sardinas; Antonia R.C., de 39 años, y Francisco Ginés I.G., de 40 años, fueron localizados en Cartagena, y José Luis G.V., de 50 años, fue esposado en Murcia. Éste último y Antonia R.C. están imputados en un delito de blanqueo de capitales, por haber auxiliado supuestamente a los otros tres integrantes de la red a lavar los fondos ilícitos obtenidos del narcotráfico.

Los cinco sospechosos fueron conducidos a dependencias policiales e interrogados hasta que, ya al límite de las 72 horas en que está establecido el límite legal de detención, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia. El juez sólo ordenó el ingreso en prisión de los dos hermanos de Torre Pacheco.

Al margen de las detenciones y de las más de 23 toneladas de droga decomisadas, la investigación ha permitido intervenir 240.000 euros en metálico, han sido embargados siete viviendas valoradas en unos 900.000 euros y también ocho vehículos de lujo y una cabeza tractora de un camión y han sido bloqueadas 38 cuentas bancarias.
Las gestiones policiales han sido desarrolladas por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena, la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial, y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). Se iniciaron hacia el mes de abril del año pasado, cuando los agentes especializados en perseguir el blanqueo de capitales detectaron varias transacciones de dinero sospechosas, que se habían realizado entre sociedades dedicadas a negocios de importación y exportación de mercancías y a su transporte por carreteras.

Cruce de investigaciones

Cuando comenzaron a avanzar en el conocimiento de estas operaciones supuestamente ilícitas y averiguaron la identidad de las personas que se encontraban detrás de esas mercantiles descubrieron, con cierta sorpresa, que ya sus compañeros antidrogas llevaban más de dos años siguiéndoles los pasos por sospechar que estaban introduciendo alijos de hachís en España. También averiguaron que habían creado una empresa de telefonía móvil con fondos procedentes de Marruecos, supuestamente procedentes del narcotráfico, aunque ese aparente origen ilícito no ha llegado a ser probado. Cuando localizaron el hachís en el contenedor de sardinas se procedió a detener a los cinco sospechosos.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20100710/region/empresas-transporte-metieron-espana-20100710.html