LA OPERACION FUE LLEVADA A CABO POR AGENTES DEL SVA Y DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA Y EN LA MISMA FUERON APREHENDIDOS 645 KILOS DE COCAINA.
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SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA-ADUANAS,ORGANISMO POLICIAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA. RESGUARDO FISCAL Y ADUANERO DEL ESTADO ESPAÑOL
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En España se ha detenido a 7 personas por intrusismo y delitos contra la salud pública y se han identificado 69 direcciones web y foros de anuncios desde donde se ofertaban y distribuían estos productos ilegalmente. Además los agentes han intervenido más de 420.000 productos para la disfunción eréctil, procedentes de Holanda, Portugal o Reino Unido; 30.000 medicamentos diversos; más de 6.000 anabolizantes y hormonas que eran distribuidas en gimnasios, y 3.500 unidades de otros productos anabolizantes, entre ellos destacan 32 envases de anabolizantes inyectables procedentes de Ecuador.
Internacional Internet Week of Action
Esta semana de acción en Internet, efectuada a nivel mundial, ha sido llevada a cabo en España por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributara, y ha contado con la colaboración de la Agencia del Medicamento y otros organismos reguladores de medicamentos encargados de aplicación de la ley.
Durante estos días se ha investigado la venta al público, en línea y de manera ilícita, de medicamentos sin licencia o falsificados. Se han decomisado miles de fármacos potencialmente perjudiciales y se ha puesto de manifiesto que Internet no es un refugio seguro y amparado por el anonimato; a la vez que se ha alertado a los consumidores para que tengan más precaución a la hora de adquirir medicamentos en la red y sean conscientes de los riesgos para su salud.
La Operación Pangea IV- 2011 estaba dirigida principalmente contra lo sitios web que suministran medicamentos ilegales peligrosos y ha supuesto la mayor operación policial de este tipo realizada a través de Internet. Un dispositivo que ha contado con el apoyo del Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos (IMPACT programa establecido por la Organización Mundial de la salud en el que participan 193 países), organizaciones internacionales, asociaciones de fabricantes, vendedores al por mayor y otras organizaciones no gubernamentales, la Organización Mundial de Aduanas y el Foro permanente sobre delitos Farmacológicos Internacionales, todos ellos bajo la coordinación de la OIPC-INTERPOL, a través de las Oficinas Centrales de cada país.
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La Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) han realizado una operación que se ha saldado con tres detenciones y la intervención de 2.600 kilogramos de marihuana, la mayor cantidad decomisada en la Región de Murcia, según ha informado en rueda de prensa el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar.
SE TRATA DEL MAYOR ALIJO DE ESTA SUSTANCIA APREHENDIDO EN LA REGION DE MURCIAALGECIRAS (CÁDIZ), 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Tributaria, por medio de la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana en Algeciras (Cádiz) --compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil-- ha aprehendido 150 kilos de heroína en un contenedor procedente de Pakistán y con destino a Costa de Marfil. La consideran la segunda mayor aprehensión de heroína de la historia.
Según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado, la actuación ha tenido lugar en el marco de las actuaciones que normalmente realiza la Aduana en Algeciras, tras localizar un contenedor sospechoso, que fue objeto de seguimiento documental hasta su llegada a puerto y posteriormente sometido a un dispositivo de vigilancia.
La mercancía declarada era polvo de óxido de hierro, entre la cual estaba camuflada la heroína intervenida. En concreto, se encontraba en el interior de 300 cilindros, de unos 500 gramos de peso cada uno, que contenían la sustancia estupefaciente oculta en las bases o armazón de 24 palés de carga.
Una vez finalizado el reconocimiento y registro del contenedor sospechoso, se ha procedido al pesaje de la droga intervenida, ascendiendo a un total aproximado de 150 kilos de heroína. La investigación continúa abierta y no se descarta que pueda haber detenciones.
Según la Agencia Tributaria, es la segunda mayor aprehensión de heroína realizada en España, y se une a las múltiples aprehensiones de otras sustancias estupefacientes, y material falsificado descubierto por la Aduana de Algeciras en este ejercicio.
La droga aprehendida ha sido puesta a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número tres de los de Algeciras, en funciones de guardia, bajo cuya autoridad se siguen las investigaciones concernientes a los transportistas y empresas destinatarias.Han sido detenidas cuatro personas, tres marroquíes y un español
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Melilla y de la Costa del Sol han desarticulado una red que se dedicaba al transporte de droga desde Marruecos hasta la península.En el país del "con IVA o sin IVA", sólo 70 personas cumplen pena de prisión por robar de esa caja llamada Hacienda que, se supone, somos todos. En plena era de recortes, hay 6.000 millones de euros pendientes de cobro por la Agencia Tributaria porque, si el fraude cumple las condiciones de delito (supera los 120.000 euros y hay intención), no es posible ejecutar hasta que no hay sentencia en firme. El que defrauda a lo grande, tiene recursos para prolongar esa situación años. Sus abogados argumentan a veces en favor de que se considere delito para retrasar el pago, demostrando que miedo, lo que se dice miedo, a que la sentencia sea de prisión, no tienen. Pero si a usted Hacienda le coge en un renuncio en el IRPF, pague o tendrá embargada su cuenta en meses. ¿Está todo mal? Hay mucho que cambiar, según los expertos. Lo primero: querer combatir el fraude.
01. Delito prescrito
De cinco a diez años
Un delito fiscal prescribe a los cinco años. Los expertos insis-ten en que hay que alargar el plazo y ha habido amagos, incluida la aprobación por un Consejo de Ministros. Pero, al final, nada. La tramitación en el Parlamento de la modificación del Código Penal que incluía un aumento de las penas por delito fiscal y con ello del periodo de prescripción de cinco a diez años, mató el intento. "Una enmienda de CiU aceptada por el PSOE volvió a reducir el plazo con el argu-mento de que podía afectar a la competitividad de las empre-sas, que tendrían que conservar la documentación más tiempo", explica Francisco De la Torre, secretario general de la asociación de los Inspectoresde Hacienda. "La prescripción no se ha alargado, alegando la simplificación de las exigencias a los contribuyentes", lamenta Miguel Ángel García, director del Gabinete Económicoconfederal de CCOO. El director de la Agencia Tributaria, José María Meseguer, ha pedido estos días que se amplíe a diez años al menos para "los grandes defraudadores".
Los que ayudan al fraude, como bancos y abogados, deben ser responsables
02. Paraísos fiscales
Gravar la transferencia
Se trata de un concepto que parece llevar una palmera adosada pero que afecta desde a las vecinas Gibraltar y Andorraa Mónaco, pasando por el estado de Delaware en EEUU, aunque también islas lejanas. Uno de los países germen de la construcción europea, Holanda, sirve de puente al dinero desde los países trasparentes y con una estructura fiscal desarrollada hacia los que no cumplen ninguna de esas dos características. ¿Cómo se lucha contra el envío de cantidades desconocidas de dinero desde bancos en el Paseo de la Castellana a estos agujeros negros? Los expertos creen que hay que exigir al banco o que no trabaje con paraísos fiscales o que dé la misma información que la que da sobre su actividad en España.
Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco, propone "un impuesto del 25%, por ejemplo, a toda transferencia que se realice con un paraíso fiscal" y explica que "Francia penaliza fuertemente con un gravamen cualquier dividendo pagado desde un territorio que no colabora". Añade que hay que hacer campaña a nivel internacional para que cambie la forma de catalogar un territorio como paraíso fiscal. "Lo que ha hecho la OCDEes una pantomima. Para ellos, ya no hay paraísos, porque basta, para dejar de serlo, con tener acuerdos de intercambio de información con 12 países", añade. Ejemplo: Mónaco no es paraíso fiscal por los acuerdos, entre otros, con Bahamas, Liechtenstein, Qatar, Samoa o San Marino.
De la Torre está de acuerdo con implantar una tasa similar a la Tobin para envío de dinero a paraísos fiscales y propone, además, "no reconocer la estructura jurídica de sociedades que estén radicadas en estos territorios". Cualquier arma que sirva "para presionar la entrada y salida del dinero a través del sistema financiero. Que se vean obligadosa hacerlo con maletines, que es mucho más complicado".
03. Falta personal
Policía fiscal
La Agencia Tributaria cuenta con 28.000 empleados. Según ha reconocido Meseguer estosdías, en 2012, serán 3.000 menos por las jubilaciones que ahora no se cubren. De nuevo el recorte del gasto por encima de la búsqueda de aumento del ingreso. "En Francia cuentan con 150.000 personas. Espa-ña, según la OCDE, es uno de los países que más recauda por euro de gasto en inspección. Eso significa que somos muy eficaces, pero lo somos para las retenciones en nómina, no para buscar el fraude más sofisticado", comenta De la Torre. "El Presupuesto de la Agencia Tributaria ha disminuido un 15% en tres años, sin incluir la reducción del salario de los funcionarios", añade.
Además de más medios, los inspectores reclaman hace tiempo una Policía fiscal.
Esta semana, el candidato socialista a las elecciones generales del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, rescataba esta idea que él mismo vetó en diferentes ocasiones desde el Ministerio del Interior.
Según los inspectores, sería más fácil con ese mecanismo luchar contra las grandes redes de IVA, así como poner en pie planes para detectar testaferros y personas interpuestas que ocultan la verdadera identidad de los titulares de rentas y bienes; detección de sociedades pantalla investigando de forma sistemática a quienes figuren como administradores de una red de firmas y llevar a cabo el plan de signos externos, que busca la ostentación de riqueza (coches de lujo, etc.) para comprobar los ingresos que declara quien los utiliza.
04. Cumplir la norma
La burla de las Sicav
Para luchar contra el fraude, "tiene que haber una aplicación efectiva de las normas legales. Un sistema contra el delito fiscal aplicado de forma contundente", comenta Jesús Ruiz Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. El primer ejemplo que surge son las Sicav, vehículos de inversión que tributan al 1%, que son los únicos que no puede controlar la Inspección de Hacienda y que incumplen sistemáticamente sus condiciones. De la Torre considera que se "debe cumplir la ley", con respecto al número de partícipes, su capacidad de decisión, en qué invierten,"y que esto sea verificado por la Inspección de Hacienda. "La hipocresía del sistema" con este tipo de instrumentos "lo contamina todo. Es un espectáculo bochornoso que no contribuye a formar la conciencia fiscal de España".
05. Módulos
Nido de facturas falsas
El sistema de módulos es una de las fórmulas de la fiscalidad española más criticada por los expertos. Consiste básicamente en pagar una cantidad fija tanto por IVA como por IRPF en función del tipo de negocio o actividad y una serie de características que van desde número de camareros contratados por un bar a kilómetros recorridos por la furgoneta de un autónomo.
Este sistema, pensado en principio para facilitar la vida de quienes no están obligados a llevar una contabilidad, es más rentable cuanto más ingresos se tiene. Eso lo convierte, según De la Torre, "en un nido de facturas falsas que genera un daño muy alto al sistema. Hay delegaciones de la Agencia Tributaria en las que más de la mitad de sus efectivos se dedica a perseguir las facturas falsas del régimen de módulos. Es una situación cada vez más preocupante. Según la Fiscalía General del Estado, en 2010 se dieron un 40% más casos que en el ejercicio anterior".
Juan Carlos López-Hermoso, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), coincide en que los módulos suponen "un incentivo al fraude". En su opinión, "deben suprimirse totalmente. La fórmula sólo responde a que la Administración quiere garantizarse un mínimo de recaudación. Al que no le sale bien, se va del régimen de módulos. El que gana más, tiene un incentivo al fraude. Me da igual lo que dicen los autónomos de la sencillez. Todo el mundo sabe sumar y restar", añade.
06. Otros culpables
Bancos, abogados...
"Nadie defrauda solo", comenta Ignacio Zubiri, catedrá-tico de Hacienda de la Universidad del País Vasco. "Bancos, despachos de abogados, asesoran sobre cómo esquivar el pago de impuestos. Todo el que ayude a defraudar debería ser corresponsable. Todo el que ofrezca productos potencialmente fraudulentos, también", añade.
07. Castigo ejemplar
Endurecer las penas
Los expertos piden que se incrementen las penas, situadas en un máximo de cuatro años de prisión para los fraudes más graves, así como que los tribunales no sean tan renuentes a imponer penas de cárcel a quien defrauda. "Medidas ejemplarizantes y también penalización social", comenta Miguel Ángel García. "Hay que multiplicar las sanciones por cuatro", comenta Zubiri. "No puede ser rentable defraudar", añade.
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La Policía detuvo ayer a siete personas por su presunta implicación en una trama de corrupción en torno al Ayuntamiento malagueño de Ronda, entre ellos el ex alcalde del municipio, Antonio Marín Lara –actual portavoz del PSOE en la oposición–, y a los concejales de esta formación Francisco Cañestro, Rafael Lara y María José Martín de Haro, quienes fueron en la pasada legislatura primer teniente de alcalde, delegado de Seguridad y delegada de Obras Públicas, respectivamente. Junto a ellos, fueron arrestadas tres personas vinculadas a una empresa constructora radicada en la ciudad del Tajo.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la operación que dirige el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y la Fiscalía Anticorrupción, investiga presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad, y blanqueo de capitales relativos a actuaciones urbanísticas.
A este respecto, el ministro del Interior del Gobierno central, Antonio Camacho, señaló que «se trata de una buena operación de la Policía en un ámbito en el que se han tenido magníficos resultados en los últimos años».
Desde primera hora de la mañana, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Agencia Española de la Administración Tributaria, tutelados por el Grupo II de la Sección de delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Costa del Sol, registraron dependencias municipales como Alcaldía, Secretaría, Intervención, Contratación, Economía y Hacienda y Urbanismo.
Fueron revisados, asimismo, los despachos ocupados en la actualidad por los cuatro ediles arrestados y los que ocuparon con anterioridad al cambio de legislatura. Registros que concluyeron a primera hora de la tarde y de los que los agentes sacaron cerca de una decena de cajas con abundante documentación.
Paralelamente, fueron inspeccionados los domicilios de alguno de los detenidos como el ex alcalde rondeño, así como su despacho profesional.
La alcaldesa de la localidad, Maripaz Fernández, del PP, aclaró que «se trata de una investigación para esclarecer actuaciones llevadas a cabo por el anterior equipo de gobierno», y defendió la necesidad de «confiar en el Estado de Derecho y que éste actuará con premura para erradicar de la Corporación actuaciones al margen de la ley».
La regidora, que gobierna en coalición con el PA, quiso lanzar «un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, porque pese a que a nadie nos gusta que el nombre de Ronda se vea empañado por asuntos de esta índole, confiamos plenamente en la acción de la Justicia».
Por su parte la consejera de Presidencia, Mar Moreno, expresó el deseo de la Junta de que la Justicia «llegue al fondo de cualquier irregularidad que se haya podido cometer». La dirección del PSOE andaluz ordenó ayer la suspensión cautelar de militancia del ex alcalde de Ronda y de los tres concejales socialistas que fueron detenidos en el marco de esta operación.
http://www.larazon.es/noticia/6916-siete-detenidos-en-ronda-entre-ellos-el-ex-alcalde-socialista-y-tres-de-sus-ediles
Un total de doce personas, de varias nacionalidades, han sido arrestadas en cinco provincias y puestas a disposición judicial durante la investigación en la que, según destacaron fuentes del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, "ha resultado crucial la colaboración de los organismos de inspección dependientes de la Agencia Tributaria".
La investigación, llevada a cabo por los especialistas en investigación criminal de la Ertzaintza bajo el sobrenombre de Operación Amurraina (en alusión a la naturaleza de las empresas ficticias creadas, denominadas en argot truchas), ha permitido establecer la gran dimensión del entramado delictivo cuyos componentes, de manera concertada, iban creando en cada periodo impositivo una estructura de empresas diferentes con la finalidad de defraudar a la Hacienda pública.
Posteriormente, los beneficios obtenidos eran blanqueados mediante operaciones de transferencias de dinero al exterior. Para la realización de los fraudes los componentes de la organización se repartían diferentes cometidos destinados a imposibilitar que la Administración tributaria pudiera ejercer sus facultades de control y, en su caso, de recaudación. Entre los doce detenidos figuran dos ciudadanos argentinos y otro de nacionalidad rumana.
investigación abierta En la operación de la Ertzaintza han resultado claves la colaboración de la Oficina Nacional de Investigación Contra el Fraude (ONIF) y de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, ambos organismos adscritos a la Agencia Tributaria, así como el apoyo de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que han colaborado en las detenciones y en los registros, la mayoría de ellos fuera de Euskadi.
La investigación, que sigue abierta, trata de determinar el alcance del fraude, que se estima en varios millones de euros, y conseguir la identificación del resto de los miembros de la red a través del análisis de los documentos y del material informático incautado en los registros efectuados en domicilios y empresas de Leioa, Castro-Urdiales (Cantabria), Logroño, Toledo, Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), así como Boadilla del Monte, Fresnedillas de la Oliva, Alcorcón, Leganés, El Álamo, todas estas últimas en la provincia de Madrid.
La trama empresarial se beneficiaba de la regulación legislativa europea a través de la creación de sucursales de las empresas defraudadoras en otros puntos de la UE. Los estafadores eludían el pago del IVA mediante la interposición de empresas instrumentales.
La compañía que realmente adquiría la mercancía (pantalla) quedaba liberada del pago del IVA con la excusa de que éste debía asumirlo la empresa interpuesta (trucha), por lo que solicitaba a Hacienda la devolución o compensación de ese IVA que en realidad no había pagado. La trucha, por su parte, no realizaba liquidación alguna y cuando, finalizado el plazo de liquidación de dicho impuesto, Hacienda solicitaba el ingreso de la cantidad adeudada se encontraba con que resultaba imposible localizar la empresa o que la persona que constaba como administrador de la misma era insolvente, un simple testaferro que prestaba su identidad a los organizadores del fraude.
En la trama desmembrada se han localizado varias empresas trucha ubicadas en Hungría, mientras que el papel de testaferros era realizado por individuos marginales sin domicilio conocido.
El escenario diseñado para este ejercicio, simula el accidente de una avioneta Beechcraft-350 con ocho personas a bordo que realiza un vuelo desde el aeropuerto de San Sebastián con destino La Coruña con una ruta prevista que sigue la línea de costa de modo visual. El último informe de posición recibido de la aeronave, indica que se encontraba a unas diez millas mar adentro frente a la localidad de Llanes.
Tras intentar infructuosamente contactar por radio con la avioneta para confirmar que ha abandonado su zona, el aeropuerto de Asturias alerta de la situación al Centro Coordinador de Salvamento de Madrid. Al seguir sin noticias de la avioneta y no conseguir contactar con ella, se considera que existen indicios suficientes para suponer que se ha producido un accidente aéreo y se activa el Plan de Alerta , transfiriendo el control operativo de los medios al vehículo del SAR desplegado al efecto. Una vez localizados los supervivientes, se simularán evacuaciones por vía aérea de los heridos.
Con este ejercicio se pretenden practicar los protocolos de coordinación y actuación entre todos los Organismos que participan en él y que son: Escuadrones SAR (803 perteneciente al Ala 48), Guardia Civil, SASEMAR, Vigilancia Aduanera, Cruz Roja, Protección Civil Asturias, 112 Asturias, AENA Región Norte, ECAO Madrid, ACC Madrid y Aeropuerto de Asturias. Asimismo, el supuesto contará con la presencia de un equipo de evaluación de la Jefatura SAR.
http://www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4476:simulacro-de-accidente-aereo-del-sar-espanol&catid=67:seguridad&Itemid=189La metanfetamina, de composición parecida a las anfetaminas, es un psicoestimulante que se puede fumar, inhalar, inyectar o tomar de forma oral.
Las investigaciones se iniciaron cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera del País Vasco detectaron un envío postal procedente de la India que contenía en su interior tres kilogramos de metanfetamina, ha informado hoy la Agencia Tributaria.
Tras continuar con la investigación de manera conjunta con la Guardia Civil de Álava, el pasado día 9 se procedió a la detencion de un individuo, los agentes en el momento del registro del domicilio encontraron igualmente varios gramos de cocaina
El dispositivo de vigilancia detectó un segundo envío para el mismo destinatario y de características similares al primero, que contenía otros cuatro kilos de metanfetamina.
Las fuerzas policiales vigilan de cerca un negocio, el del narcotráfico, que avanza y cambia al ritmo de quienes lo investigan. Hace apenas unos años la Guardia Civil cifraba en una docena las bandas de narcotraficantes asentadas en Sanlúcar. Algunos de estos ‘narcos’, conocidos de las fuerzas de seguridad, llevan a sus espaldas muchas detenciones y procesos judiciales. Sin embargo, la reinserción no parece cuajar en este terreno, quizás por el atractivo de un dinero fácil y rápido, que provocó que en los últimos años la ciudad se convirtiera en la principal entrada de droga en España. En aquel momento, el negocio lo dirigían los españoles. Ellos contrataban a los porteadores, los encargados de transportar la droga desde alta mar hasta el punto de desembarque. Es el trabajo más arriesgado. Las consecuencias de ser arrestado con toneladas de droga no pueden ser comparadas con las que conlleva el otro eslabón de la cadena de distribución del tráfico de drogas. Los cabecillas de las organizaciones, españoles, contrataban a marroquíes para hacer la primera parte del trabajo. Así se desligaban de posibles y largas consecuencias judiciales.
MENOS RIESGO
Ahora, según fuentes consultadas por Información, el negocio ha cambiado. Los marroquíes están empezando a llevar las riendas del narcotráfico también en la Península. Son ellos los que se encargan de contratar a españoles para que lleven a cabo el traslado de la droga desde el mar hasta tierra, donde les buscan ‘guardería’. A partir de ahí, el negocio pasa a manos de los árabes que se encargan de la comercialización. Menos riesgo y menores penas en el caso de ser arrestados. “Cada vez es más clara la presencia de redes de marroquíes que van sustituyendo a los narcotraficantes locales. A ellos los utilizan para que se jueguen el cuello”, apuntan las mismas fuentes.
No en vano, gran parte de los detenidos en la operación que la Guardia Civil y Policía Nacional llevaron a cabo la semana pasada y que ha concluido con la detención de un histórico del narcotráfico sanluqueño, ‘El Diarrea’, eran marroquíes que residen habitualmente en España, desde donde controlan el negocio.
El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), José María Meseguer, ha apostado por alargar el plazo de prescripción de los delitos fiscales para casos de importancia de los actuales cuatro años a siete o, incluso, diez.