Un total de doce personas, de varias nacionalidades, han sido arrestadas en cinco provincias y puestas a disposición judicial durante la investigación en la que, según destacaron fuentes del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, "ha resultado crucial la colaboración de los organismos de inspección dependientes de la Agencia Tributaria".
La investigación, llevada a cabo por los especialistas en investigación criminal de la Ertzaintza bajo el sobrenombre de Operación Amurraina (en alusión a la naturaleza de las empresas ficticias creadas, denominadas en argot truchas), ha permitido establecer la gran dimensión del entramado delictivo cuyos componentes, de manera concertada, iban creando en cada periodo impositivo una estructura de empresas diferentes con la finalidad de defraudar a la Hacienda pública.
Posteriormente, los beneficios obtenidos eran blanqueados mediante operaciones de transferencias de dinero al exterior. Para la realización de los fraudes los componentes de la organización se repartían diferentes cometidos destinados a imposibilitar que la Administración tributaria pudiera ejercer sus facultades de control y, en su caso, de recaudación. Entre los doce detenidos figuran dos ciudadanos argentinos y otro de nacionalidad rumana.
investigación abierta En la operación de la Ertzaintza han resultado claves la colaboración de la Oficina Nacional de Investigación Contra el Fraude (ONIF) y de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, ambos organismos adscritos a la Agencia Tributaria, así como el apoyo de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que han colaborado en las detenciones y en los registros, la mayoría de ellos fuera de Euskadi.
La investigación, que sigue abierta, trata de determinar el alcance del fraude, que se estima en varios millones de euros, y conseguir la identificación del resto de los miembros de la red a través del análisis de los documentos y del material informático incautado en los registros efectuados en domicilios y empresas de Leioa, Castro-Urdiales (Cantabria), Logroño, Toledo, Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), así como Boadilla del Monte, Fresnedillas de la Oliva, Alcorcón, Leganés, El Álamo, todas estas últimas en la provincia de Madrid.
La trama empresarial se beneficiaba de la regulación legislativa europea a través de la creación de sucursales de las empresas defraudadoras en otros puntos de la UE. Los estafadores eludían el pago del IVA mediante la interposición de empresas instrumentales.
La compañía que realmente adquiría la mercancía (pantalla) quedaba liberada del pago del IVA con la excusa de que éste debía asumirlo la empresa interpuesta (trucha), por lo que solicitaba a Hacienda la devolución o compensación de ese IVA que en realidad no había pagado. La trucha, por su parte, no realizaba liquidación alguna y cuando, finalizado el plazo de liquidación de dicho impuesto, Hacienda solicitaba el ingreso de la cantidad adeudada se encontraba con que resultaba imposible localizar la empresa o que la persona que constaba como administrador de la misma era insolvente, un simple testaferro que prestaba su identidad a los organizadores del fraude.
En la trama desmembrada se han localizado varias empresas trucha ubicadas en Hungría, mientras que el papel de testaferros era realizado por individuos marginales sin domicilio conocido.
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