SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA, LA POLICIA FISCAL ADUANERA ANTIFRAUDE.

 Recordemos la ‘Policía Fiscal’ que ideó Miguel Boyer (quién le ha visto y quién le ve). La dotó con barcos, helicópteros y patrulleros. La bautizó, en parte, como ‘Vigilancia Aduanera’. Pero incomodaba dentro y fuera del PSOE. El invento se diluyó entre Hacienda, Guardia Civil, Exteriores y Policía Nacional. Desconocemos si el fraude contra el que lucha la OAC lo tiene cerca. El tiempo lo dirá.    

Conviene aclarar que el Estado español tiene numerosos organismos que luchan el fraude. No una oficina tan singular como la ‘adelantada’ Cataluña. Muchos juristas opinan que esta OAC duplica funciones de la Fiscalía Anticorrupción. Pero algunos políticos necesitan estos organismos de los que desconocemos su encaje institucional.

Conviene recordarle al director de la OAC que en el Estado español hay departamentos de organismos implicados en la lucha antifraude. Vayan algunos nombres: Guardia Civil, Policía Nacional, Ministerio de Hacienda, Seguridad Social… Además, nuestra Unión Europea tiene una Oficina (OLAF por sus siglas en inglés) cuyos agentes casi viven en España apoyados por sedes de UE en Madrid y Barcelona.

En la iniciativa privada y asociativa existen colectivos de consumidores (ADICAE, UCE, OCU, FACUA…) que evidencian esfuerzos para investigar y denunciar fraudes. Varias patronales se defienden del fenómeno. Por ejemplo, las aseguradoras crearon ICEA.

Lo que realmente resulta escandaloso de la OAC es que el nombre de su director de Análisis, Carles Quílez, aparezca imputado en causa penal por presunto cohecho y revelación de secretos en un tema ligado a corruptelas policiales. El hasta ahora brillante periodista judicial y prolífico escritor de novela negra fue denunciado hace un año y nombrado por el antecesor del exmagistrado. Sorprende que De Alfonso mantenga en el cargo a Quílez y lo defienda por encima de una realidad que afecta a quienes dimiten o les suspenden cuando planean acusaciones penales a quienes cobran de nóminas nutridas del impuesto que pagamos todos. La mala imagen de la OAC no le importará quizá a su director e imputado, este último quizá amarrado a la jugosa nómina que percibe de la OAC.

En algunos casos la mujer del César no sólo debe serlo, también parecerlo. Si a Quílez, por poner un ejemplo, le señalan sus vecinos por no pagar la comunidad de su bloque o aparca por sistema indebidamente estaríamos ante una travesura que merece un tirón de orejas. Aún menos defendible sería que fuera embargado, no liquidara impuestos.

Pero ante unas diligencias criminales por presunta corrupción policial que aparezca alguien llamado a analizar el fraude en Cataluña es señalado por presunto cohecho y revelación de secretos es impresentable. Para Quílez y tanto más para el magistrado que, quizá guiado por el afecto personal del imputado, tendría amnesia de normas que antes cobraba por aplicar curtido de una autoridad moral que le hace perder a una OAC poco creíble. Comentarios malévolos en la red asimilan esta ‘Oficina’ con un chiringuito que debería tener los días contados con los recortes que el ejecutivo catalán aplica a la sanidad pública y regatea a sus embajadas por todo el globo.

Es una pena. Esto de la OAC sonaba bien. La idea es magnífica y el magistrado que aterriza en su cúpula tiene buena pinta. Pero algo falla para tan loables iniciativas se mantengan. Recordemos la ‘Policía Fiscal’ que ideó Miguel Boyer (quién le ha visto y quién le ve). La dotó con barcos, helicópteros y patrulleros. La bautizó, en parte, como ‘Vigilancia Aduanera’. Pero incomodaba dentro y fuera del PSOE. El invento se diluyó entre Hacienda, Guardia Civil, Exteriores y Policía Nacional. Desconocemos si el fraude contra el que lucha la OAC lo tiene cerca. El tiempo lo dirá.    

http://cambio16.es/not/1849/antifraude/

 Incluso lo que en todos los paises es la policia aduanera aqui se llama Direcccion Adjunta de Vigilancia Aduanera, comenta Francisco de la Torre secretario general de los inspectores de hacienda.

No es casualidad que a Al Capone, al que se intentó cazar por innumerables delitos, lo pusiese tras las rejas de Alcatraz la evasión fiscal y no el tráfico de alcohol, la prostitución o estar involucrado en sucesos como la masacre del Día de San Valentín. Tampoco es casualidad que Eliot Ness y sus 11 intocables, que no pertenecían al equipo que investigó los delitos contra el fisco de Capone pero sí al que complicó su operativa persiguiendo otros, dependiesen de la misma institución, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el equivalente a Hacienda en España.

Fue la IRS (Internal Revenue Service), creada en los años veinte y dependiente del Tesoro, la que tumbó al gánster. Con la creación de este servicio, EEUU fue pionero en dotar de una Policía propia a las instituciones fiscales, una fórmula que ahora quiere introducir en España el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, añadiendo una novedad: en la misma oficina contra el fraude incluiría la persecución del fraude laboral.

La ISR de EEUU logró un motivo para meter entre rejas al gánster

Una oficina antifraude, que integre a los Cuerpos de Seguridad del Estado, "es necesaria y recomendable para el gran delito fiscal, los grandes fraudes en el pago del IVA, las devoluciones ficticias por empresas fantasma, las estructuras que aparecen y desaparecen en un par de meses", comenta Francisco de la Torre, secretario general de los inspectores de Hacienda. "Se necesita un seguimiento especial, escuchas, etcétera, máxime si el delito está ligado con el blanqueo de dinero. En España, desde la Inspección investigamos el presunto fraude, pero no tenemos competencias policiales". En EEUU, sí. Y también las tiene la Guardia di Finanza italiana, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, pero formada por inspectores que llevan uniforme y van armados, es decir, por una Policía. La FIOD holandesa, con su propia Policía fiscal, el Servicio Nacional de Investigación de Reino Unido y la Oficina de Crímenes Económicos y Financieros de Grecia cerrarían los ejemplos más claros de integración.

En España, la Agencia Tributaria, "si necesita intervención policial, tiene que poner una denuncia ante el juez y eso consume tiempo", comenta De la Torre. "Hay fórmulas de colaboración, como el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, dependiente del Banco de España, que tiene su propia Policía pero sin competencias operativas, como la de detener a alguien". También existe la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, y organismos de coordinación. Incluso la Policía aduanera de algunos países aquí es una Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera que colabora con la Policía.

Esas competencias han sido una petición recurrente de la Inspección de Hacienda, que se encontró en varias ocasiones con el veto del Ministerio del Interior precisamente cuando estaba al frente Rubalcaba, recuerda De la Torre. En dos documentos elaborados por los inspectores en 2007 y 2009, se recoge la petición de "creación de una oficina nacional antifraude", recordando que "la lucha contra el fraude fiscal (...) no puede acometerse a partir de diferentes organismos". Se pide "la contemplación unitaria de la delincuencia fiscal" creando "un organismo multidisciplinar bajo la dependencia de la Agencia Tributaria" que incluya "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Se especifica la necesidad de crear "una Policía fiscal". Dicha Policía aparecía en el primer borrador del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, antes de que se transformase en el Plan de Prevención contra el Fraude Fiscal.