Más de 64 millones de euros de cuotas tributarias presuntamente
defraudadas por empresas, tanto en IVA como en el Impuesto sobre
Sociedades.
El operativo contó con
la participación de 102 funcionarios integrados en las Dependencias
Regionales de Inspección y de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Delegación Especial del organismo en Cataluña, con el apoyo de agentes
del Servicio de Vigilancia Aduanera-SVA de la propia Delegación Especial.
La Agencia Tributaria ha presentado un total de 18 denuncias ante la
Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña por la posible comisión de
133 delitos contra la Hacienda Pública por parte de 23 empresas
dedicadas al comercio al por mayor de artículos textiles y de regalo
que, en su mayor parte, importaban de China.
Desde el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas indicaron que, tras más de un
año de investigaciones, la Agencia Tributaria acaba de cerrar esta macro
operación contra la economía sumergida vinculada a las importaciones de
mercancía asiática.
Las empresas, radicadas en la provincia de
Barcelona, llegaron a defraudar más de 64 millones de euros en cuotas de
IVA e Impuesto sobre Sociedades entre los años 2007 y 2011 mediante un
entramado dirigido a la ocultación del valor real de las importaciones y
a la posterior venta en “B” de la mercancía.
De esta forma
culminan las actuaciones inspectoras que la Agencia Tributaria inició
sobre estas empresas en octubre de 2011, en un operativo que contó con
la participación de 102 funcionarios integrados en las Dependencias
Regionales de Inspección y de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Delegación Especial del organismo en Cataluña, con el apoyo de agentes
de Vigilancia Aduanera de la propia Delegación Especial.
En el
marco de este operativo, y con la autorización de los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo de Barcelona, se procedió entonces a la
entrada y registro en 20 locales de actividad de estas empresas en
Barcelona.
Desde Hacienda indicaron que fruto de dichos registros
se intervino documentación y copias de los archivos informáticos que
contenían información sobre el volumen real de operaciones de estas
sociedades, que resultó ser “muy superior” al que venían declarando.
A
los más de 64 millones de euros de cuotas tributarias presuntamente
defraudadas por estas empresas, tanto en IVA como en el Impuesto sobre
Sociedades, habrían de sumarse los derechos arancelarios y otras cuotas
adicionales que, al no superar los 120.000 euros establecidos en el
Código Penal como umbral mínimo para la consideración de delito fiscal,
deberán ser liquidados posteriormente en vía administrativa.
diariosigloxxi
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