14 Imputados en operación "Trigo limpio" contra el blanqueo de capitales

Un total de 14 personas están imputadas por delitos fiscales y delito continuado de falsedad de documento mercantil por su implicación en la denominada operación 'Trigo Limpio' contra el blanqueo de capitales, que se remonta al año 2007.

En su fase inicial, la instrucción de la Operación 'Trigo Limpio' tuvo "una gran relevancia mediática". Sin embargo, pese a los años transcurridos, poco o nada se ha vuelto a saber desde entonces de un caso al que todavía le queda mucho recorrido judicial.

De hecho, la Fiscalía augura que el procedimiento "previsiblemente se prolongará en el tiempo", dado que "hay 14 imputados con defensas diferentes que plantean continuos recursos contra resoluciones judiciales de mero trámite, dilatando el curso del proceso de forma indeseable".

La Fiscalía, que presentó ya en 2013 su escrito de conclusiones provisionales, aventura por ello una fase intermedia "complicada y lenta", una vez concluida la instrucción, y tras una investigación que "no ha permitido acreditar que todos los acusados actuasen como un grupo empresarial organizado".

El caso ha sido instruido por el Juzgado nº 1 de Santander, desde donde el juez José Hoya Coromina autorizó en 2007, la intervención de comunicaciones telefónicas y la entrada y registro en despachos y domicilios de abogados y empresarios conocidos de Santander, y llegó a acordar la prisión provisional de muchos de ellos.

Tal y como relata la Fiscalía en su memoria anual, la Operación 'Trigo Limpio' revestía la apariencia de un entramado societario vinculado a la opacidad tributaria. En su instrucción participaron en "estrecha colaboración" la Inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) el Servicio de Vigilancia Aduanera también de la AEAT y el grupo especializado en delitos económicos de la Policía Nacional.

En mayo de 2007 fueron detenidas en una primera fase cinco personas, y dos semanas después otras seis. El juez llegó a fijar para algunos de ellos fianzas de dos millones de euros.

Hoya Coromina les imputaba en los autos de aquella época, la creación de una estructura organizada dedicada a la intermediación en la adquisición y venta de terrenos utilizando para ello una serie de sociedades "fantasma", como 'Minalcom' y otras, a cuyo frente estaría un "testaferro" sin capacidad real de disposición, con el fin de emitir facturas falsas que ampararían ventas realizadas por otras empresas o particulares que no declaraban su actividad.

Según los autos judiciales de aquella fase de la instrucción, dichas sociedades carecían de localización física, actividad, empleados y activos de cualquier tipo, y en unos casos se encontraban domiciliadas en los propios domicilios de los imputados, mientras en otros carecían de domicilio. A través de ellas, los imputados habrían proporcionado a empresas y particulares facturas falsas con el fin de blanquear dinero o eludir el pago de impuestos.

Los primeros detenidos fueron R.M.P., de 44 años; JA.L.G., JJ.R.G, de 51; JÁ.C.I., de 73, y JF.P.G., de 47 años, a los que se les imputaban delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa y falsedad en documento mercantil. A las dos semanas se sumaron a la lista de detenidos por la operación 'Trigo Limpio' E.P.L., de 65 años, JL.O.M., de 40, C.B.P., de 53, A.L.G, de 62 años, JR.R.R., de 64 años, y R.U.L., de 70.

Con carácter general, la Fiscalía llama la atención sobre la "poderosa estrategia defensiva" que sustenta a los acusados por delitos económicos, "auspiciados por profesionales especialmente cualificados y que ponen frecuentemente en entredicho la extraordinaria y minuciosa labor de depuración de responsabilidades que realizan la inspección de la AEAT, y que junto a las complejidad de la tramitación de los procedimientos por delitos económicos, cuya instrucción con frecuencia se dilata varios años, supone aún más un déficit añadido a la averiguación de la verdad material".

Los cinco detenidos este fin de semana en la operación denominada 'Trigo limpio' habían creado una estructura organizada dedicada a la intermediación en la adquisición y venta de terrenos utilizando para ello una serie de sociedades a cuyo frente estaría un "testaferro" sin capacidad real de disposición con el fin de emitir facturas falsas que ampararían ventas realizadas por otras empresas o particulares que no declaraban su actividad.

Según informó la Delegación del Gobierno en Cantabria, y consta en los autos emitidos por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, que levantó hoy parcialmente el secreto de sumario, el importe defraudado en principio superaría los dos millones de euros, aunque está pendiente de una valoración más exhaustiva por parte de la Agencia Tributaria.

Según los autos judiciales, dichas sociedades carecían de localización física, actividad, empleados y activos de cualquier tipo, y en unos casos se encontraban domiciliadas en los propios domicilios de los imputados, mientras en otros carecían de domicilio. A través de ellas, los imputados habrían proporcionado a empresas y particulares facturas falsas con el fin de blanquear dinero o eludir el pago de impuestos.

De estas actividades están acusados el abogado Rodolfo M.P., de 44 años; José Antonio L.G., Jesús José R.G, de 51; y José Angel C.I., de 73, a los que se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa y falsedad en documento mercantil.

Se han llevado a cabo registros en los domicilios de tres de ellos, así como en la sociedad Sergamar Asesores Asociados, en la que asesoraba a sus clientes Rodolfo M.P., así como en el despacho profesional de éste. El quinto detenido es Juan Francisco P.G., de 47 años, gestor de la citada asesoría.

Todos ellos carecen de antecedentes, salvo José Angel C.I., al que le constan tres detenciones anteriores por cheque en descubierto, apropiación indebida y reclamación.

En la operación han participado el Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Cantabria, el área de Inspección de la Agencia Tributaria  y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander.

Según la Delegación del Gobierno se trata de una operación "compleja" de personas que se relacionan "piramidalmente" y que estarían desarrollando actividades defraudatorias desde "al menos" el año 2003.