Operación de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil contra el banco chino ICBC por presuntos delitos contra la Hacienda Pública

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en una operación conjunta con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria han entrado este miércoles en la sede del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) tiene en el Paseo de la Castellana y han arrestado al máximo responsable en España de la entidad financiera.

    La entrada en el ICBC se enmarca dentro de la 'Operación Snake' que el pasado mayo se saldó con 31 arrestos y 60 registros y que fue desarrollada por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Uco de la Guardia Civil y por Inspección de Hacienda
contra una organización criminal internacional que estaba integrada mayoritariamente por ciudadanos de origen asiático. Una de sus actividades era facilitar a empresarios de esta nacionalidad asentados en nuestro país el blanqueo de sus activos a cambio de un porcentaje de comisión.

Los investigadores sospechan que es en este papel donde la entidad presuntamente jugó un papel esencial al facilitar a la trama introducir en el circuito financieron fondos cuyo origen se encuentra en el contrabando, el fraude fiscal y la explotación de trabajadores. Para ello, sus máximos responsables en Madrid daban apariencia de legalidad a las transferencias que se hacían desde España a China de fondos que en realidad eran 'negros'. Las investigaciones cifran en estos momento en 40 millones de euros el dinero 'lavado' sólo para la red desarticulada en la 'Operación Snake'. El dispositivo está siendo dirigido por los fiscales Anticorrupción, María Teresa Gálvez y José Grinda.

En aquel dispositivo de mayo se detuvo a 31 personas, de las que 28 ingresaron en prisión, y se efectuaron 60 registros en los que se intervino un millón de euros en efectivo, entre otros efectos.
Los arrestados, 18 de los cuales aún están encarcelados, fueron acusados de pertenencia a organización criminal, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, contra la propiedad industrial, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.
Las investigación se habían iniciado dos años antes por parte de la Fiscalía Anticorrupción para, finalmente, ser el Juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid) el que incoara diligencias tras confirmarse los primeros indicios sobre la existencia de una trama compuesta por ciudadanos chinos y cuyos cabecillas estaban asentados tanto en el gigante asiático como en España se dedicaba a transportar de forma ilícita mercancías en el ámbito de la Unión Europea. La actividad fraudulenta de la organización criminal consistía en importar grandes cantidades de mercancía eludiendo los impuestos asociados a las mismas.

La organización criminal poseía también capacidad para blanquear sus propios activos mediante una compleja red operada, principalmente, por testaferros y empresas instrumentales. De hecho, los miembros de la red facilitaban a los empresarios el lavado de sus fondos a cambio de un porcentaje de comisión.